LA HABANA.- El número de presos políticos en
Cuba alcanza los 140 encarcelados, cifra que se ha duplicado en el
último año, cuando la represión política está "más extendida" y es "más
selectiva", según la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN).
En su último informe mensual, la Comisión indica que,
de los alrededor 70 internados por esas causas en abril de 2016, ahora
hay al menos 140 "condenados o procesados por motivos políticos o
internados bajo condicionamientos políticos", 54 de ellos miembros de la
disidente Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
La CCDHRN registró el pasado abril 475 detenciones
arbitrarias por motivos políticos, 43 más que en marzo, 11 agresiones
físicas, 9 casos de hostigamiento y 2 actos de repudio.
Aunque no aparece en el computo mensual, referido a
abril, permanece detenido desde el pasado primero de mayo el opositor
Daniel Llorente, acusado de "desorden público y resistencia" a la
autoridad, tras enarbolar la bandera de Estados Unidos al inicio del
desfile por el Día del Trabajo en la Plaza de la Revolución de La
Habana.
De acuerdo a sus conclusiones, en el último año el
régimen evita las detenciones políticas y utiliza la "represión
preventiva", que está "más extendida", es "más selectiva" y "menos
ruidosa".
Esa represión se manifiesta bajo "amenazas
policiales" y otras "acciones intimidatorias sistemáticas", como las
prohibiciones para viajar dentro de Cuba o al extranjero, los registros
domiciliarios, las confiscaciones arbitrarias de materiales, medios de
trabajo y dinero, el espionaje y las campañas difamatorias, así como las
multas abusivas y desproporcionadas.
El informe recuerda los casos de la profesora Dalila
Rodríguez y la estudiante Karla Pérez, expulsadas por "motivos
claramente políticos" de la Universidad de Santa Clara (centro del
país), en "acciones represivas separadas" ocurridas también en abril.
A ello se suma el caso del Centro de Información
Legal Cubalex, que daba asesoría legal a personas privadas de libertad
en Cuba, liderado por la abogada Laritza Diversent, quien obtuvo asilo
político en Estados Unidos la semana pasada junto a miembros de su
equipo por "falta de seguridad" en la isla, según explicó.
Diversent aseguró que la decisión de abandonar el
país se empezó a gestar tras el allanamiento que sufrió en septiembre la
sede de Cubalex, a la que las autoridades cubanas acusaban de realizar
una "actividad económica ilícita".
El Gobierno cubano considera a los disidentes
"contrarrevolucionarios" y "mercenarios"; tampoco registra oficialmente a
ningún preso político en sus cárceles, ya que aduce que se trata de
presos por delitos comunes.