'Barceló' pidió dictámenes para no ocupar terrenos expropiados

MADRID.- La activación del título III de la Ley Helms-Burton por parte del gobierno de Donald Trump está provocando una oleada de demandas de ciudadanos norteamericanos contra empresas, principalmente hoteleras, cuyos establecimientos ocupan un terreno que se les expropió en la Revolución Castrista. Una de las primeras empresas sobre la que se supo que una familia estadounidense tenía intención de demandarla fue Meliá y ahora ha llegado el turno de otras dos españolas: Barceló e Iberostar. 

En la hotelera que presiden Simón Barceló Tous y Simón Pedro Barceló Vadell todavía no han recibido notificación alguna de esta demanda. Actualmente, se encuentran “en un impás” que no les permite manifestarse “de momento”, cuentan desde la empresa. Sin embargo, este asunto no les asusta porque, según han informado al diario digital El Español, tienen las espaldas cubiertas. 

Cuando Barceló inició los procesos para operar en Cuba pidió “dictámenes a despachos de abogados norteamericanos para tener mayor seguridad de que no existía ninguna propiedad afectada por una expropiación a ciudadanos estadounidenses ni a ciudadanos cubanos con nacionalidad estadounidense”, explica el director de comunicación de la hotelera, Álvaro Pacheco. 

Barceló tiene tres hoteles en la zona de Varadero y, según la poca información que tiene la empresa, la demanda se ha emitido sobre parte de un hotel que ocupaba un terreno expropiado. 

Sin información

En Barceló no pueden dar una mínima valoración del asunto porque no saben “por dónde vienen los tiros”. Aun así, consideran que el asunto se está “tirando por el vacío”. 

Esta afirmación viene dada porque, según la poca información que tienen desde la hotelera y la cual procede de la prensa local cubana, hace unos días Pacheco leyó que también querían demandar a Royal Caribbean por utilizar el puerto de Habana. 

En Barceló no saben qué pasará en el futuro. Siguen a la espera de que les llegue la notificación de la fiscalía de Miami y poder tener más información al respecto. Pero aun así, no están alarmados con el tema porque desde un primer momento la empresa ha sido cauta y se ha cubierto las espaldas.   

Meliá e Iberostar, demandadas

Las otras dos hoteleras españolas sobre las que se informó que se iba a presentar una demanda por tener hoteles en estos terrenos son Meliá e Iberostar. 

Sobre la hotelera que preside Gabriel Escarrer, una familia de origen cubano les notificó a finales de mayo su intención de demandarles ante tribunales de Estados Unidos por operar un hotel en Cienfuegos que le fue expropiado hace 60 años

En ese momento, Meliá se reafirmó en sus declaraciones emitidas en abril sobre que la activación del título III de esta ley no supone “ninguna alteración sustancial” de su actividad y que “opera legítimamente en Cuba, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años” en la isla. 

Cuba es para Meliá un destino clave. A día de hoy cuenta con 34 hoteles en la isla y posee más del 30% de la cuota de mercado. Estos, tuvieron un peso en las cuentas del negocio hotelero del grupo del 4,8% en 2018. 

Es por ello que seguirá adelante con su plan de expansión en Cuba, tal y como afirmó a El Español a principios de mayo de este año, que contempla la apertura de cinco hoteles hasta 2020 que suman un total de 1.889 habitaciones.  

Sin embargo, en Iberostar no dan pistas de su actuación. Este diario intentó hablar con la hotelera en varias ocasiones y no ha contestado ninguna de las llamadas ni de los correos enviados. 

La Ley Helms-Burton

El título III de la Ley Helms Burton permite a los ciudadanos estadounidenses con propiedades en Cuba que fueron expropiadas durante la Revolución Castrista demandar a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas. 

Esta ley data de 1996 y estuvo suspendida hasta el pasado 2 de mayo, cuando el Gobierno de Donald Trump decidió activarla. 

Las hoteleras españolas siguen a la espera dos meses después de que el Gobierno de Donald Trump haya activado el título III de esta ley. De momento, no pueden hacer nada, solo esperar, pero trabajan en la búsqueda de una solución con las autoridades políticas por lo que pueda pasar.

¿Cómo recuperar las posesiones expropiadas en Cuba?

MIAMI.- Pensábamos que cuando Juan Guaidó lanzó su intento para tomar el poder lo iba a conseguir. Y que entonces todo se vendría abajo, como un castillo naipes. Primero, Venezuela y después también le tocaría a Cuba”, suspira Begoña González, que gestiona en Miami “1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales”, como su nombre lo indica, una compañía barcelonesa de recuperaciones patrimoniales que tiene como objetivo reclamar los patrimonios confiscados por el castrismo después de 1959, o, como opción alternativa, indemnizaciones compensatorias por los bienes expropiados, según recoge en Barcelona el diario La Vanguardia.

En efecto, mientras la ley Helms Burton permite exigir dinero de inmediato a las firmas que se han aprovechado económicamente de unas propiedades expropiadas de forma ilegal, la misión de esta compañía es más de largo plazo: una vez que el régimen comunista caiga, devolver la propiedad a sus legítimos dueños. 

“Hubo varios precedentes en la historia reciente, desde Alemania, pasando por Estonia y hasta Nicaragua”, recuerda Begoña González, al evocar casos similares de recuperación de bienes expropiados. A cambio de esta gestión, la compañía se queda con el 30%, que puede ser el valor de la propiedad o incluso parte de ella.

En la actualidad, la sociedad ya tiene una base de partida, cuenta con más de 400 familias que le han encargado la recuperación. Hay quien tiene propiedades extensas y otros que reivindican la posesión de bienes más pequeños. La mayoría de ellos procede o reside en España.

Hay que recordar que hubo un convenio en 1986 entre Cuba y España que se refería a las propiedades españolas confiscadas en Cuba y que estableció una compensación modesta. El Tribunal Supremo consideró, en un auto posterior, que fue un “mero paliativo” y que en todo caso el acuerdo no excluía futuras reclamaciones de los que reivindicaban sus derechos de propiedad. 

El Alto Tribunal estableció que los derechos de los particulares no se extinguen por un acuerdo entre Estados, con lo que los españoles –muchos, asturianos– que se hayan acogido al convenio siempre pueden reclamar los bienes nacionalizados en Cuba, tanto recuperar la propiedad como conseguir una justa indemnización.

Aquí, en Miami, Begoña González busca a aquellos cubanos que también perdieron su propiedad tras la expropiación castrista hace sesenta años y que esperan algún día recuperarla, cuando Cuba, con un régimen democrático, reconozca la propiedad privada y haya seguridad jurídica. En muchos casos, el problema consiste en recuperar el título de propiedad original. No es algo sencillo, al haber pasado muchos años. Incluso para los afectados es
algo doloroso de recordar. “Cuando los exiliados cubanos no tienen el título original, entonces recurrimos a cualquier documento que pueda dar fe de ello. Sacan alguna vieja fotografía amarillenta donde salen en sus antiguas casas, una factura del arquitecto, una nota del registro… Y luego hacemos una declaración oficial ante notario público”, explica González.

A diferencia de lo que ocurrió con cambios de régimen violentos u otras revoluciones, en Cuba el Registro de la Propiedad sigue intacto, lo que podrá ser de ayuda cuando llegue el momento. “Es gente mayor, sus hijos tienen la vida montada. Pero para ellos es importante. Por ejemplo, miembros de la familia Mata nacieron en el hotel que montó su padre y ahora ven cómo está en manos de otros”, cuenta. 

Además, hay otros dramas humanos que están por venir. “Quien antes tenía un piso en La Habana donde ahora vive otra gente, ¿qué va a hacer con los actuales habitantes cuando recupere la casa? ¿Los echará a la calle?”. Una de las posibilidades es que se les deje en el piso y que, una vez fallezcan, la casa vuelva a su legítimo propietario. Preguntas difíciles, que deberá contestar la Cuba del futuro.

Doscientos cubanos guardan a Maduro de sus rivales

MADRID.- El homicidio, en octubre de 2018, del concejal Fernando Albán, de quien Nicolás Maduro y su gobierno dijeron que se suicidó bajo custodia policial, marcó un punto de inflexión para numerosos altos mandos civiles y militares del régimen de Venezuela que en ese momento tomaron la decisión de colaborar en precipitar un cambio político en la cúpula de gobierno. 

Uno de ellos fue el general Manuel Cristopher Figuera, que hoy se encuentra en Estados Unidos colaborando con las autoridades y que ha revelado al diario ABC que hizo varias recomendaciones verbales y escritas a Maduro para que efectuara cambios urgentes y evitara una crisis como la que finalmente vive Venezuela, con millones de refugiados y una asfixia económica sin precedentes que ha provocado hambruna y muertes.

Precisamente Cristopher Figuera se hizo cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 30 de octubre de 2018, tres semanas después de la muerte del concejal Albán, cuyo cuerpo fue lanzado desde la décima planta del edificio de Caracas donde tiene sus oficinas y prisiones esa agencia de espionaje. 

El abogado del concejal opositor, Joel García, informó a ABC de que las actas del expediente policial identificaron como motivo de la muerte de su cliente el homicidio. El régimen y la fiscalía siempre mantuvieron que este pidió ir al baño y se lanzó al vacío desde un décimo piso.

El general Cristopher Figuera dijo en una conversación mantenida con ABC en Miami el miércoles que a los días de tomar las riendas del Sebin llegó a la conclusión de que era «un centro de extorsión y secuestro» y así se lo dijo a Maduro. Apenas dos meses meses después el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró la constitución tras declarar a Maduro usurpador por fraude electoral. 

El general, que duró apenas seis meses al frente del Sebin, dice hoy que le hizo entrega a Maduro de un documento, que facilita a ABC, en el que hace cuatro recomendaciones para evitar el deterioro ulterior del país y posiblemente un baño de sangre.

Cristopher Figuera dice que le pidió a Maduro que desmantelara el poder legislativo paralelo creado a su medida; que eligiera una nueva junta electoral para convocar elecciones, y se emplearan esos pasos pata pedir una retirada de las sanciones. En el documento pide que:

«a) La Asamblea Nacional Constituyente, cese sus funciones, por cuanto no ha cubierto las expectativas para las que fue elegida.

b) Se hagan las gestiones para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral.

c) Se planteen unas elecciones generales, sin que ello sea interpretado como una muestra de debilidad del Gobierno.

d) De manera firme y determinada se comience a exigir a la Comunidad Internacional, el levantamiento de las sanciones que le han impuesto a nuestro país».

Incidente revelador

ABC no ha podido comprobar de forma independiente que Maduro recibiera ese documento, pero Cristopher Figuera y quienes trabajan con él aseguran que el presidente venezolano le llamó derrotista y cobarde y desde ese momento perdió su confianza en él. Si el jefe máximo de la inteligencia, que había sido subdirector de la inteligencia militar durante cuatro años, hizo semejantes recomendaciones, el aislamiento de Maduro en su propio régimen es ya máximo.

Según Cristopher Figuera, el presidente está cada vez más solo, rodeado por un círculo estrecho de unos 200 altos mandos cubanos que le dan seguridad y le mantienen en el puesto, mientras crece la distancia con sus propios subalternos, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez o el ministro de Defensa Vladímir Padrino. 

Por eso se fraguó el pronunciamiento programado para el 1 de mayo, en el que participaron, según Cristopher Figuera, el propio ministro Padrino y el presidente del Supremo venezolano, el juez Maikel Moreno. Fue este último, según mantienen el general y la inteligencia de EE.UU., quien abortó el relevo por sus ambiciones de presidir el país.

El general revela además varios incidentes que reflejan el aislamiento de Maduro, entre los que destaca un episodio que llevó a su ascenso a jefe del Sebin. 

«Hubo una situación irregular con unos escoltas que hacen su trabajo en el Sebin y que además cumplen funciones con el capitán Diosdado Cabello [jerarca del régimen y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela]», recuerda Cristopher Figuera. 

«Ellos interceptaron el vehículo de Maduro y este se bajó y les ordenó que rindieran las armas y ellos se negaron. Él les dijo que si no le habían reconocido, que era el presidente. Los soldados le dijeron que sí sabían quién era, pero que no era su jefe. Al final no pasó nada pero así quedaron las cosas», añade el general.

Maduro depende cada vez más de Cuba

Según estas revelaciones, Maduro se encuentra cada vez más aislado y dependiente de los 15.000 cubanos que han sido enviados a Venezuela para labores que van desde la asistencia técnica al espionaje, incluida su guardia pretoriana y contactos directos de forma habitual con Raul Castro. 

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvió a pedir el viernes que la comunidad internacional presione a Cuba para que desista de sus injerencias a favor del régimen en Venezuela. «No conozco ningún país en el mundo, mucho menos en este continente, en el que Cuba haya intervenido para restaurar la democracia. Nunca ocurrió y nunca ocurrirá», dijo Almagro.

Por su parte, EE.UU. está todavía convencido de que el cambio en Venezuela ocurrirá en los próximos meses, sobre todo por las presiones de las sanciones económicas contra el régimen. «No hay dictadura que dure para siempre», asegura Elliott Abrams, representante especial de la Casa Blanca para Venezuela. «Cada día que dura la dictadura de Maduro es un día más de represión, tortura y sufrimiento».

Es la institución Foro Penal, que sigue los abusos sistemáticos de los derechos humanos en Venezuela, la que informa de que en 2018 el régimen mató a 5.200 personas a las que se añaden más de 1.500 en los primeros cinco meses de este año.