WASHINGTON.- Estados Unidos evalúa
permitir juicios por propiedades privadas incautadas por Cuba luego de
la revolución comunista, dijo el miércoles el jefe de la diplomacia
estadounidense, Mike Pompeo, advirtiendo en especial a las empresas
extranjeras que puedan estarse beneficiando de esto.
Pompeo dijo
que estaba revisando avanzar con la Ley de Libertad, una norma de 1996
que permitiría a los exiliados cubanos demandar tanto a las empresas
privadas como a la propia Cuba por obtener ganancias de propiedades
nacionalizadas después de la revolución de Fidel Castro en 1959.
Hasta ahora, los gobiernos estadounidenses han usado su
autoridad para retrasar la implementación de esta ley cada seis meses,
pero Pompeo anunció que emitirá una suspensión por solo 45 días a partir
del 1 de febrero.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo
en un comunicado que durante ese período la administración del
presidente Donald Trump llevaría a cabo una "revisión cuidadosa" del
tema.
Washington analizará los "esfuerzos para acelerar la
transición a la democracia en Cuba e incluirá factores como la brutal
opresión de los derechos humanos y las libertades fundamentales del
régimen cubano y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más
autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua", afirmó.
"Pedimos
a la comunidad internacional que fortalezca los esfuerzos para
responsabilizar al gobierno cubano por los 60 años de represión de su
gente".
"Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a
que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas y
ayudando a esta dictadura", añadió en el documento.
El gobierno
cubano reaccionó el miércoles rechazando el anuncio. "Chantaje político y
hostilidad irresponsables para endurecer bloqueo a Cuba. Brutal ataque
al Derecho Internacional y a terceros Estados", tuiteó el ministro de
Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
El canciller
cubano destacó que desde 1996 todos los mandatarios estadounidenses han
suspendido la aplicación de la ley "debido a la flagrante
extraterritorialidad y daños que provocaría a intereses corporativos de
Estados Unidos. Sometería arbitrariamente a empresas de terceros países a
cortes de Estados Unidos".
Esta
advertencia es otro cambio brusco de las políticas del antecesor de
Trump, Barack Obama, quien normalizó las relaciones con Cuba y dijo que
las décadas de medidas estadounidense para derrocar al Estado comunista
cubano habían fracasado.
Incluso antes de la campaña de
reconciliación promovida por Obama, los sucesivos gobiernos de Estados
Unidos determinaron que la Ley de Libertad arriesgaría relaciones clave,
ya que aliados europeos y Canadá han hecho grandes inversiones en Cuba.
La Unión Europea (UE) presentó protestas y se quejó ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC) tras la aprobación en 1996 de
esta norma, que autoriza las demandas de propiedad en tribunales
estadounidenses como parte de una expansión del embargo que el país
norteamericano ejerce sobre Cuba.
La Ley de Libertad fue
impulsada por el senador republicano de extrema derecha Jesse Helms y el
congresista Dan Burtan, luego de que en 1996 Cuba derribó dos aviones
de exiliados activistas cubanos.
El Consejo de Comercio y Economía
entre Cuba y Estados Unidos, que apoya a las empresas estadounidenses
en la isla, dijo que la medida de Pompeo fue calculada para "crear
incertidumbre y, por lo tanto, ansiedad".
La suspensión de 45
días "presenta la posibilidad de un siniestro panorama comercial,
económico y político" para Cuba, la UE y todos los miembros de la OMC,
dijo el presidente del consejo, John Kavulich.
En un discurso
ante exiliados cubanos anticastristas en Miami después de asumir el
cargo en 2017, Trump calificó las políticas de Obama de "terribles y
equivocadas".
El mandatario mantuvo las restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses y los negocios en Cuba.