NUEVA YORK.- Cuban Prisoners Defenders ha presentado una
denuncia ante Naciones Unidas contra la nueva ley contra la libertad de
expresión en Cuba por considerar que la "ferocidad" con la que se aplica
contra disidentes, pero también contra periodistas independientes e
incluso funcionarios, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad.
La denuncia de la ONG, presentada el pasado 8 de junio ante la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, y ante el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, se refiere al Decreto Ley 370, promulgado el 4 de julio de 2019
pero cuyos efectos se han sentido con "mayor fuerza" desde enero y "se
han sistematizado y generalizado de forma más masiva, realizándose con
un 'modus operandi'", desde finales de marzo, coincidiendo con el inicio
de la pandemia de coronavirus.
El Decreto Ley 370 penaliza "difundir a través de redes públicas de
transmisión de datos información contraria al interés social, la moral,
las buenas costumbres y la integridad de las personas". Las sanciones
son en principio pecuniarias, con multas que van desde los 1.000 a los
10.000 pesos cubanos (unos 33 y 333 euros), pero pueden incluir también
el "decomiso de los equipos y medios utilizados", "la suspensión de la
licencia de forma temporal o la cancelación definitiva" y hasta "la
clausura de las instalaciones".
Prisoners Defenders llama la atención sobre el hecho de que la
cuantía de la multa excede con mucho los ingresos medios de los
trabajadores cubanos, pudiendo ser "7,5 veces el (sueldo) de mucha parte
de la población activa en Cuba".
Estas "sanciones pecuniarias severas",
sostiene la ONG, "llevan irremisiblemente (...) a la prisión por el
artículo 170.1 del Código Penal", conforme al cual "el que no cumpla las
obligaciones derivadas de una resolución (...) incurre en sanción de
privación de libertad de uno a seis meses".
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, ha incidido en
este aspecto durante una comparecencia virtual celebrada este martes,
indicando que "el diez por ciento de los presos políticos en Cuba están
en prisión con motivo del artículo 170.1", donde pasan una media de dos
años y nueve meses porque, dado que las multas son "impagables", se van
acumulando. "Eso significa que, si tienes una multa, son seis meses (de
cárcel); si tienes dos; doce, y así sin límites", ha ilustrado.
La ONG critica la ambigüedad de los términos usados en el Decreto Ley
370, puesto que "en la praxis sancionadora no existe el proceso para
determinar el interés social y su perjuicio, habida cuenta de que en
Cuba son considerados contrarios al interés social el debate y la
crítica de políticas públicas, si no se articulan bajo el control del
Estado", y que los conceptos de "moral" y "buenas costumbres" se definen
por "la acepción mono-ideológica del Partido Comunista de Cuba" (PCC).
"Por tanto, tiene la Policía política en sus manos una puerta de
entrada que sirve como instrumento idóneo de represión de la libertad de
expresión y de opinión, entre otros derechos, asegurando con ello que
las fallas del sistema socialista instituido, de sus instituciones y
órganos oficiales, así como la gestión de sus dirigentes, no salgan a la
luz pública ni se socialicen en redes sociales", expone Prisoners
Defenders.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, ha enfatizado,
en una comparecencia virtual celebrada este martes, que con ello "Cuba
ha iniciado un proceso de normalización legislativa y de legitimación
institucional de la represión de la libertad de expresión".
Además del marco legal, la ONG denuncia que ha dado lugar a "la
persecución de periodistas independientes, activistas de Derechos
Humanos y ciudadanos contestatarios (...) y que ésta se produce en la
actualidad obligando forzosamente a éstos, por parte de los aparatos de
Inteligencia del Estado bajo multas y amenazas de largas estancias en
prisión, a renunciar a derechos universales y fundamentales", algo que
se extiende también a sus familias.
En este sentido, cuenta que "preceden a la multa citaciones
obligatorias falsas, así como arrestos sorpresivos sistemáticos",
acciones de "naturaleza arbitraria" que llevan a cabo las fuerzas de
seguridad "bajo un plan particularizado de agresión".
"Las víctimas son
amenazadas, intimidadas y maltratadas de obra y palabra por el mero
ejercicio de los mencionados derechos fundamentales, buscándose la
renuncia a éstos", afirma.
Camila Acosta, periodista de CubaNet, es una de las afectadas. Según
ha contado en dicha comparecencia, a ella le aplicaron la 'ley azote'
--como se ha referido al Decreto Ley 370-- por difundir por redes
sociales un artículo del medio cubano sobre "las largas colas en La
Habana para conseguir alimentos en medio del confinamiento". Le pusieron
una multa de 3.000 pesos (unos 100 euros) y le confiscaron el teléfono
móvil.
Asimismo, la ONG señala que, "a fin de no dejar huella o rastro
documental, no se entrega a las víctimas resolución administrativa
escrita en la que se detallen los hechos violatorios, las facultades de
aplicación o los razonamientos de derecho que justifican la acción
sancionadora, circunstancia esencial que impide su derecho material y
técnico de defensa, así como el de recurrir a instancias superiores en
recursos de apelación u otros que establece la propia legislación".
"El nivel de ejecución, impunidad, ferocidad y amplitud con el que se
persigue a dichas víctimas debe encuadrarse como un crimen de lesa
humanidad perpetrado por un Estado concreto, aislable, tipificable, que
traspasa todos los límites legales y viola flagrantemente los Derechos
Humanos en múltiples facetas, por lo que las organizaciones
supranacionales, aún con el débil margen de maniobra que tienen en un
Estado como Cuba, deben actuar a la mayor celeridad", reclama Prisoners
Defenders.
La ONG recoge en su denuncia 33 casos de 23 víctimas de sanciones
pecuniarias y de diez víctimas de "gravísimas amenazas y coacciones", si
bien se muestra segura, de acuerdo con el "acervo popular", de que
"cada vez más personas lo padecen".
Según sus cálculos, el Decreto Ley
370 podría haber alcanzado "como poco" a entre 500 y mil personas,
"entre civiles, funcionarios y actores sociales en pro de los Derechos
Humanos en Cuba".
"Resulta obvio que esta tendencia represiva podrá alcanzar a muchos
miles personas en los próximos meses/años si no se paraliza la descrita
represión gubernamental y el Gobierno no recibe la presión de realizar
cambios que sean compatibles con los Derechos Humanos fundamentales
respecto a la libertad de expresión y de opinión, entre otras", alerta
Prisoners Defenders.
El artista Amaury Pacheco, del Movimiento San Isidro, ha atribuido el
Decreto Ley 370 y sus precedentes al creciente uso de Internet y las
redes sociales por parte de todos los cubanos, no solo los activistas y
disidentes.
"Por eso el 370 es súper importante para ellos (el
Gobierno), porque se ha abierto un espacio donde el cubano está
debatiendo y debatiendo", ha apuntado en el encuentro digital.
Acosta ha puesto el foco sobre el "efecto ejemplarizante" de esta
norma, esgrimiendo que el objetivo sería "silenciar no solo a la prensa
independiente sino a todos aquellos que piensan diferente".
A este respecto, el líder opositor José Daniel Ferrer, jefe de la
UNPACU, ha contado que cada vez más gente se niega a que "se escuche su
voz" por "temor a las consecuencias".
"Si el pueblo ni siquiera puede
decir lo que está pasando, ¿cómo vamos a buscarle solución, cuando se
reprime al que aboga por el necesario cambio para salir de tan terrible
situación?", ha planteado.