LA HABANA.- Autoridades de la Unión Europea se comprometieron el martes a proteger los intereses de sus empresarios en Cuba y les instaron a "contraatacar" si son demandados por compañías de EE.UU. cuando el Gobierno de Donald Trump autorice las reclamaciones sobre propiedades nacionalizadas en la isla.
"Tenemos
una reglamentación que permite a las empresas europeas contraatacar a
iniciativas eventuales de las empresas americanas", declaró el director
general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión
Europea, Stefano Manservisi, en una rueda de prensa en La Habana.
Sus palabras llegan horas después de revelarse que el
miércoles Washington anunciará la activación desde el 2 de mayo del
título III de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba y
permitirá demandar ante cortes estadounidenses a empresas que se lucren
con bienes expropiados por la Revolución de 1959.
El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciará la medida este miércoles en un acto en Miami en el que se reunirá con veteranos de la fallida operación de Bahía Cochinos.
"Bolton va a anunciar la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton mañana en un discurso en Miami", dijo el martes un alto funcionario estadounidense.
El 12 de abril, Bolton había anunciado que participaría en un acto con los veteranos para anunciar "importantes pasos tomados por el gobierno para afrontar las amenazas para la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua".
El discurso de Bolton tiene como objetivo conmemorar la fallida invasión de la Bahía de Cochinos de 1961, cuando tropas de cubanos exiliados intentaron tomar Cuba con apoyo estadounidense, con el mensaje de que el haber sufrido un revés una vez no implica no volver a intentarlo.
"Permitir a los ciudadanos estadounidenses que demanden al régimen por la propiedad confiscada en Cuba es hacer lo correcto", dijo en Twitter el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano.
La sección de la ley que data de 1996 permite iniciar acciones ante la justicia estadounidense contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados después de la revolución de 1959.
Cuando la ley fue adoptada, el Departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. La activación de la norma genera incertidumbre por las consecuencias para socios de Estados Unidos y la posibilidad de que las querellas inunden la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Pero desde la aprobación de la norma, los gobernantes estadounidenses han postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados que tengan empresas en la isla que podrían ser objeto de tales demandas.
Es el caso de la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017 y cuyo embajador en La Habana, Alberto Navarro, dijo a la prensa que lamentar "profundamente" la decisión.
"Esto va a crear aún más confusión para la inversión extranjera, que ayuda a la creación de empleo y prosperidad en Cuba", aseguró Navarro.
El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de las demandas.
Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor y sociedades tan diversas como la marca francesa de licores Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.
El sábado la ministra de Economía española, Nadia Calviño, ya había dicho en Washington que consideraba "claramente perjudicial" la posibilidad de que Estados Unidos activara la norma.
El emblemático Hotel Habana Libre, antiguo Hilton, administrado ahora por la española Meliá, estaría también entre los posibles afectados.
El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama, quien flexibilizó las restricciones de viaje para los estadounidenses y hasta visitó la isla, afirmando que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington para derribar al régimen no había dado resultados.
Trump también impulsa la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de la crisis económica que sufre el país y que ha obligado a millones de personas a huir.
Estados Unidos acusa a las autoridades de La Habana de apoyar a Maduro y, como parte de las sanciones contra el sector petrolero de Caracas, ha penalizado a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.
El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes "acciones directas" contra lo que denominó la "troika de la tiranía", integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La ley activada por Washington, que lleva el nombre del senador de extrema derecha Jesse Helms y del congresista Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribara dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados, lo que puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.
"Los años de consecutivas prórrogas han creado una falsa sensación de impunidad", dijo el representante Mario Díaz-Balart, un político republicano de Florida descendiente de cubanos.
El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciará la medida este miércoles en un acto en Miami en el que se reunirá con veteranos de la fallida operación de Bahía Cochinos.
"Bolton va a anunciar la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton mañana en un discurso en Miami", dijo el martes un alto funcionario estadounidense.
El 12 de abril, Bolton había anunciado que participaría en un acto con los veteranos para anunciar "importantes pasos tomados por el gobierno para afrontar las amenazas para la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua".
El discurso de Bolton tiene como objetivo conmemorar la fallida invasión de la Bahía de Cochinos de 1961, cuando tropas de cubanos exiliados intentaron tomar Cuba con apoyo estadounidense, con el mensaje de que el haber sufrido un revés una vez no implica no volver a intentarlo.
"Permitir a los ciudadanos estadounidenses que demanden al régimen por la propiedad confiscada en Cuba es hacer lo correcto", dijo en Twitter el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano.
La sección de la ley que data de 1996 permite iniciar acciones ante la justicia estadounidense contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados después de la revolución de 1959.
Cuando la ley fue adoptada, el Departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. La activación de la norma genera incertidumbre por las consecuencias para socios de Estados Unidos y la posibilidad de que las querellas inunden la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Pero desde la aprobación de la norma, los gobernantes estadounidenses han postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados que tengan empresas en la isla que podrían ser objeto de tales demandas.
Es el caso de la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017 y cuyo embajador en La Habana, Alberto Navarro, dijo a la prensa que lamentar "profundamente" la decisión.
"Esto va a crear aún más confusión para la inversión extranjera, que ayuda a la creación de empleo y prosperidad en Cuba", aseguró Navarro.
El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de las demandas.
Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor y sociedades tan diversas como la marca francesa de licores Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.
El sábado la ministra de Economía española, Nadia Calviño, ya había dicho en Washington que consideraba "claramente perjudicial" la posibilidad de que Estados Unidos activara la norma.
El emblemático Hotel Habana Libre, antiguo Hilton, administrado ahora por la española Meliá, estaría también entre los posibles afectados.
El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama, quien flexibilizó las restricciones de viaje para los estadounidenses y hasta visitó la isla, afirmando que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington para derribar al régimen no había dado resultados.
Trump también impulsa la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de la crisis económica que sufre el país y que ha obligado a millones de personas a huir.
Estados Unidos acusa a las autoridades de La Habana de apoyar a Maduro y, como parte de las sanciones contra el sector petrolero de Caracas, ha penalizado a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.
El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes "acciones directas" contra lo que denominó la "troika de la tiranía", integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La ley activada por Washington, que lleva el nombre del senador de extrema derecha Jesse Helms y del congresista Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribara dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados, lo que puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.
"Los años de consecutivas prórrogas han creado una falsa sensación de impunidad", dijo el representante Mario Díaz-Balart, un político republicano de Florida descendiente de cubanos.
