MADRID.- En 2017, alrededor de 13.500 cubanos con ciudadanía española solicitaron la ayuda otorgada por el Gobierno de Madrid
a “personas en extrema necesidad”. Cada uno de los elegidos, cuyo
número en esa ocasión sobrepasó los 5.700, recibió 200 euros, una cifra
irrelevante a los ojos del europeo común, pero que en la Isla basta para marcar diferencias de peso en prácticamente cualquier economía familiar, según revela www.elconfidencial.com.
“Mire si es importante que el año pasado, con ese dinero, pudimos
comprar hasta la cuna de mi bisnieto”, confiesa Marta, una habanera de
76 años de edad que gracias a la Ley de Memoria Histórica (LMH) adquirió la ciudadanía porque su abuelo llegó a la Isla en 1911. Nunca ha visitado España, ni tiene entre sus planes hacerlo. Cruzar el Atlántico es en realidad el sueño de sus dos hijas y su nieto mayor,
a quienes no desalienta ni siquiera el temor a “la crisis”. “Se puede
ir a probar suerte allá o en cualquier otro lugar del mundo. El pasaporte español abre muchas puertas”, opinan.
Alexander, otro habanero, lo sabe por experiencia. Desde el día en que se hizo ciudadano español a vida le cambió para mejor. Dejó su trabajo de contador en una empresa estatal, reunió ahorros y comenzó a viajar como “mula” a países del Caribe y a Rusia,
trayendo ropas, artículos electrónicos y piezas de autos. “Cuando
eliminaron la prohibición de salir al exterior, ya yo llevaba alrededor
de tres años yendo y viniendo, y había aprovechado al máximo ese
mercado. Con el dinero que gané, pude montar mi propio negocio (una casa de arrendamiento a extranjeros), algo que me hubiera resultado imposible siendo solo un ‘cubano de Cuba’”.
'Convertirse' en español es una de las opciones preferidas por los
lugareños en su objetivo de traspasar las fronteras de la Isla. Pero no
es la única a disposición de su ingenio. “En los años que llevo en este
negocio, he visto de todo: negros ‘carbón’ haciéndose papeles para
viajar a Alemania o blancos retintos que dicen estar a punto de recibir la ciudadanía jamaicana.
Con tal de ‘montarse en el avión’, hay gente que es capaz de casi
cualquier cosa”, cuenta María del Carmen, dueña de un negocio de
impresión de documentos en el municipio capitalino de Plaza de la
Revolución.
Los hechos le dan la razón. Solo gracias a la LMH, más de 100.000 cubanos han obtenido la ciudadanía española y un número similar se encuentra en trámites para hacerlo.
A ambos grupos deben sumarse los miles de estudiantes que cada año se
agencian becas universitarias, tanto en España como en naciones
latinoamericanas -Brasil, Chile y México son las más “solicitadas”–, en
una tendencia que no parece llamada a revertirse.
En enero, las estadísticas oficiales aseguraban que alrededor de 819.000 819 cubanos habían viajado al exterior desde la entrada en vigor de la “nueva legislación migratoria”
promulgada cinco años antes. Aunque la misma nota resaltaba que “solo
11% de esos viajeros establecieron su residencia permanente en otro país
y pasaron a tener estatus de emigrado”, cualquier hijo de vecino sabe
que buena parte de los incluidos en el restante 89% no viven en la Isla.
“La mayoría viene una o dos veces al año, por pocos días, para ver a la familia o que le atienda el médico”,
reconoce una funcionaria de la Dirección de Inmigración e
Identificación, la dependencia del Ministerio del Interior a cargo del
tema. La ley, sin embargo, es clara al respecto: “Todos los ciudadanos
cubanos pueden permanecer hasta 24 meses en el exterior, sin que por
ello pierdan su residencia permanente”.
A comienzos de este mes, las autoridades de La Habana dieron el
pistoletazo de salida para la redacción de una nueva Carta Magna. La
tarea está en manos de una comisión de 33 miembros encabezada por Raúl Castro,
quien a mediados de abril -durante la entrega oficial de la
presidencia- ya había anticipado un texto sin grandes sorpresas. En
particular, respecto al sistema político: “el Partido debe continuar como vanguardia organizada y fuerza dirigente superior de la sociedad
y el Estado, como establece el Artículo número 5 de la actual
Constitución, y que en la próxima defenderemos que se mantenga en el
mismo Artículo”, señaló enfático.
De acuerdo con observadores, los principales temas en la agenda
tendrán que ver con la limitación formal de los mandatos públicos, la
reorganización del aparato burocrático y la modificación del articulado
relativo a las formas de propiedad (sobre todo, para dar amparo a la inversión extranjera). Tampoco sorprendería un reconocimiento explícito a la diversidad sexual, como “pago” por el respaldo de la comunidad LGTBIQ.
Uno de los puntos por definir en el nuevo texto constitucional es el estatus de los cerca de dos millones de cubanos radicados fuera de la Isla y los cientos de miles que ostentan alguna otra ciudadanía, circunstancia esa última expresamente prohibida por
la ley. De hecho, todavía los reglamentos del Partido Comunista
consideran inaceptable que sus militantes posean “otra ciudadanía además
de la cubana”.
Tal fue la condición de un número indeterminado de
acogidos a la Ley de Memoria Histórica, quienes debieron abandonar las
filas en años recientes.
Tanto rigor para con los integrantes de
la “vanguardia política de la Revolución” contrasta con el pragmatismo
respecto a otros sectores. En especial, cuando el asunto se mira bajo el
prisma de la economía. Así lo confirmaba a principios de este mes el
embajador de La Habana en Washington, José Ramón Cabañas, al intervenir
en un evento organizado por el Center for International Policy.
“El
principio por el que nos regimos es que todo cubano –y puede que tenga
una segunda o una tercera ciudadanía– cuando vuelve a Cuba, en nuestra
frontera, es cubano. Y no esperamos ningún cambio en ese sentido”. En otras palabras, todos los nacidos en la Isla deben contar con su pasaporte local, incluso si llevan décadas residiendo en el exterior.
El problema radica en los dilatados trámites establecidos para
adquirir ese documento (válido durante seis años) y su alto precio: 90
euros si el proceso se desarrolla dentro de la Isla; entre 180 y 310 euros más allá de fronteras, dependiendo del sitio de residencia del emigrado (el coste más alto es en Estados Unidos).
Además, cada dos años es obligatoria la renovación de la cartilla,
previo pago de sumas que van desde los 90 euros hasta alrededor de 140.
Se trata de un negocio redondo, sobre todo si se tiene en cuenta que solo en 2017 más de 430.000 cubanoamericanos viajaron a su país natal, continuando la tendencia progresiva de calendarios anteriores.
“Fue
a raíz de la entrada en vigor de la ley española De la Memoria
Histórica, más conocida entre nosotros como Ley de Nietos, que apareció
esta duplicidad, pues los cubanos que no tenían interés de perder la
ciudadanía cubana adquirieron la ciudadanía española con la finalidad de
acceder con más facilidad a los trámites de salida del país”, explica
en un detallado estudio sobre el tema la doctora en Ciencias Jurídicas
Martha Prieto Valdés, profesora de Derecho Constitucional y teoría
general del Estado en la Universidad de La Habana. Todas las
constituciones promulgadas en la Isla a lo largo de su historia han
tenido como principio que la “adquisición de otra ciudadanía provoca la pérdida de la ciudadanía cubana
(pero) esa pérdida no es automática, ni podría serlo (…) al no existir
la vía para la renuncia de la ciudadanía originaria”, señala.
A juicio de la catedrática, la solución más viable pasaría por brindar “la posibilidad de tener dos ciudadanías (…) una pasiva y otra en ejercicio”,
aunque con la condición de que en el territorio nacional “el cubano
solo podrá ostentar, reclamar y ejercer los derechos y deberes que
derivan del vínculo político-jurídico con el Estado cubano”.
La
decisión final que al respecto adopten los constituyentes es una
incógnita virtualmente imposible de anticipar. Sin embargo, analistas
como el también doctor en Ciencias Jurídicas Julio Antonio Fernández
Estrada, han llamado la atención sobre el hecho de que en dicha comisión
no tiene plaza ningún investigador especializado en Derecho o tan
siquiera los principales directivos del Ministerio de Justicia, el
Tribunal Supremo y la Fiscalía General de la República.
A todas
luces, la constitución por venir será confeccionada como un traje a la
medida de las urgencias que afronta la dirigencia cubana, la cual tiene entre sus prioridades incrementar ingresos. Poco importa si estos llegan cruzando fronteras.