Tal
como estaba previsto, el SÍ se impuso en la consulta celebrada el
domingo 24 para aprobar la nueva Constitución cubana, ratificada en su
día por la Asamblea Nacional del Poder Popular. En cualquier caso, la
duda no estaba en si el referéndum pasaba o no, sino en la
participación, el porcentaje de la abstención y los votos negativos.
Pese
a ciertas expectativas surgidas en las primeras fases del proceso
constituyente sobre la capacidad reformista del nuevo texto, la mayoría
de las promesas iniciales fueron quedándose en la cuneta. Esto ocurrió
con la eliminación del matrimonio igualitario o con la inclusión de la
supremacía del Comunismo y la irreversibilidad del sistema socialista.
La nueva Constitución plasma algunas de las reformas implementadas
por Raúl Castro tras su llegada al poder. En un gesto insólito, tras
largas décadas de Revolución, reconoce la propiedad privada, el mercado y
la inversión extranjera. También rescata las figuras del presidente y
la del primer ministro (que se desdoblan), aunque no la elección del
presidente por voto popular directo.
Pero no hay que llamarse a engaño. Puede que el texto aprobado
mantenga las reformas, aunque su intensidad había menguado hace tiempo.
El rumbo errático de los cambios económicos, el temor a impulsar la
iniciativa privada por sus efectos nocivos y por permitir la emergencia
de nuevas élites, y el peligro de una apertura incontrolada reforzaron a
los sectores más conservadores, como se ha visto en la redacción del
texto finalmente aprobado.
A la hora de condicionar su redacción, los pasos atrás se
justificaron con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el giro a la
derecha de ciertos gobiernos latinoamericanos y la crisis de Venezuela.
Así, después de votar, Miguel Díaz-Canel dijo que también lo hacía por
América Latina y en apoyo de Nicolás Maduro.
Sin embargo, como se ha
apuntado más arriba, el proceso reformista hace tiempo que estaba tocado
e incluso había sufrido un parón relevante coincidiendo con la visita
de Barack Obama a La Habana. El Gobierno, el Partido Comunista y los
demás factores de poder apostaron fuertemente por el sí. La campaña se
intensificó en las últimas semanas, buscando movilizar las fibras más
íntimas de la identidad nacionalista y revolucionaria de los cubanos.
También se presentó a los defensores del no como aliados del
imperialismo y traidores a la patria. La oposición, pese a la represión,
a su fragmentación y a sus limitaciones organizativas y económicas,
movilizó en las redes sociales la campaña #YoVoyoNo o #YoNoVoto. Y si
bien el acceso a Internet sigue siendo limitado, se puede hablar de un
éxito relativo.
A través de sus diversas organizaciones, la oposición denunció no
solo la persecución en su contra sino también ciertas irregularidades,
como la existencia de un número de votantes superior al máximo permitido
en algunas mesas electorales, la presencia de sobres con votos
finalizada la votación, o la obligación de marcar la papeleta con lápiz
(fácil de borrar) y no con tinta indeleble.
Para contrarrestar estas
denuncias el oficialismo intentó poner en marcha un proceso con las
garantías suficientes y formalmente irreprochable, aunque no se permitió
la asistencia de observadores internacionales. Sin embargo, fue
necesario esperar hasta las tres de la tarde del día siguiente para
conocer los resultados de la votación, lo que generó algunas
suspicacias.
Los resultados hablan de un amplio triunfo gubernamental, aunque la
fuerza opositora es innegable. Según las cifras oficiales, la
participación fue del 84,4% (del 99,02% en el referéndum de 1976). Ahora
bien, las cifras oficiales provocaron un cierto desconcierto. Si
previamente se dijo que cerca de 8.600.000 cubanos tenían derecho a
voto, la cifra se aumentó el lunes a 9.200.000.
Lo mismo ocurrió con el
porcentaje de votos positivos. El domingo por la noche, el oficialista
Prensa Latina habló de un 75% de Síes, mientras que el resultado final
fue del 86,85% (un 98% en 1976).
La oposición se arroga la totalidad de quienes no votaron (1.450.000
personas), de quienes votaron por el no (706.000, un 9%), quienes
votaron en blanco (199.000, un 2,5%) o nulo (127.000, un 1,6%). Pero,
más allá del deseo, la contestación social es creciente en Cuba y las
fuerzas contrarias al sistema tienen un arraigo cada vez mayor y una
llegada más potente al conjunto de la sociedad, pese a todos los
factores en su contra.
La democracia, más allá del gobierno de las mayorías, también implica
el respeto a las minorías, una cuestión de momento inexistente en Cuba y
que la nueva Constitución tampoco recoge.
(*) Catedrático de Historia de América en la UNED e investigador principal para América Latina del
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales.
