jueves, 18 de abril de 2019

'Meliá' dice que no tiene bienes susceptibles de confiscación en Cuba


MADRID.- El grupo hotelero español Meliá dijo que no tiene bienes que pudieran ser objeto de reclamación en Cuba tras abrir las autoridades estadounidenses el camino a posibles confiscaciones de activos de empresas extranjeras en la isla. 

“Confirmamos la no-propiedad de Meliá de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960, y afirmamos que, de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico”, dijo la empresa española, que opera desde hace 30 años en Cuba.
Meliá continúa operando con plena normalidad en Cuba, no representando el anuncio realizado en el día de hoy ninguna alteración sustancial de nuestra actividad”, dijo Meliá Hotels, en referencia a la decisión estadounidense, añadiendo que la isla es “un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles que eliminará una prohibición de más de dos décadas - mediante la reactivación del Título III de la Ley Helms Burton - que impedía que ciudadanos estadounidenses presentaran demandas contra empresas que usan propiedades incautadas por el gobierno cubano desde la revolución de 1959.
El Departamento de Estado dijo que la medida podría dar paso a reclamaciones legales por miles de millones de dólares y ha motivado críticas de aliados europeos y canadienses, cuyas compañías tienen intereses en Cuba. La decisión del presidente Donald Trump entrará en vigor el 2 de mayo.
El Gobierno cubano, que podría ver obstaculizados sus esfuerzos por atraer nueva inversión extranjera, criticó la medida como un “ataque al derecho internacional”.

Descontrol y corrupción causan daños millonarios a empresas públicas cubanas

LA HABANA.- El descontrol en las cuentas, los incumplimientos de pagos y la corrupción ocasionaron daños por valor de unos 2.000 millones de pesos a 369 empresas públicas de Cuba en 2018, según el resultado de una inspección de la Contraloría General del país.

El 68 por ciento de los daños económicos fueron provocados por la cadena de impagos con una cifra ascendente a más de 1.579 millones de pesos en "Moneda Total (MT)", según informó la contralora general del país, Gladys Bejerano, citada este jueves por el portal estatal Cubadebate.
El término "Moneda Total" alude a la dualidad monetaria en circulación oficial en Cuba: el peso cubano (CUP, equivalente a 4 céntimos de dólar) y el peso convertible (CUC, paritario con el dólar) con las que operan las empresas y realiza la población sus transacciones comerciales.
Bejerano especificó que en el monto de los 2.000 millones se incluye el 14 por ciento correspondiente al incumplimiento de los planes económicos y el 1,5 por ciento a presuntos hechos delictivos.
El informe indicó además que los perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de obligaciones de pagos se elevaron a más de 23,91 millones en MT, mientras que las pérdidas por incumplimientos en los planes económicos superaron los 327,4 millones de pesos, pero sin desglosar las cifras en cada moneda.
La contralora general recalcó que se ponen de manifiesto "fisuras y formalidad" en las medidas preventivas y "poco rigor" en los esfuerzos de estas entidades para combatir "las indisciplinas, ilegalidades y manifestación de corrupción".
Subrayó que se han reiterado en no pocas entidades las deficiencias e irregularidades detectadas en períodos anteriores asociadas a los procesos de contratación o cuentas por cobrar y pagar, así como su alto impacto en la cadena de impagos, pagos indebidos a privados y deficiente control del combustible.
En ese sentido, la también vicepresidenta del Consejo de Estado señaló que en 29 empresas se encontraron 43 presuntos hechos delictivos y 12 presuntos hechos de corrupción que dejaron pérdidas de 1.537.505 millones en moneda total.
Los presuntos hechos delictivos están asociados mayoritariamente al control de las cuentas por cobrar y pagar (más de 4 millones en moneda total) y de inventarios (830.963 pesos), de acuerdo con datos de la Contraloría.
Por esos hechos han sido declaradas responsables 1.427 personas, y de ellas a 1.425 se les han aplicado medidas disciplinarias, precisó el informe.
Igualmente han sido penalizadas 98 entidades con un recorte del 50 % del combustible por las violaciones detectadas y, según explicó Bejerano, el carburante sin entregar pasa a ser reserva del Estado.
De acuerdo con las conclusiones de la Contraloría, el 51 % de las entidades evaluadas obtuvo una calificación negativa.
La Contraloría General de Cuba, organismo creado en 2009, aplicó la XIII comprobación entre el 1 de noviembre y el 12 de diciembre para fiscalizar el funcionamiento de empresas estatales de sectores como agricultura, turismo, construcción, comunicaciones y comercio, y el manejo de recursos materiales y financieros.
La auditoría se enfocó en el cumplimiento de las normativas aprobadas para el sistema empresarial estatal cubano, el control y uso de los inventarios, los procesos de contratación económica, en las cuentas por cobrar y por pagar -en especial la cadena de impago en el sector de comercio minorista-, el control del combustible y de los pagos a privados.

Cuba se mantiene como el peor alumno de la región en hostilidad hacia el Periodismo


PARÍS.- El número de países seguros para los periodistas continúa reduciéndose en todo el mundo, debido a una hostilidad hacia la profesión, según el informe anual de RSF que apunta que el mayor deterioro se dio en América del Norte y del Sur.

"La hostilidad hacia los periodistas, e incluso el odio del que se hacen eco dirigentes políticos en muchos países, ha acabado provocando agresiones más graves y frecuentes" contra estos profesionales, lo que suscita un "clima de miedo inédito en algunos lugares", deploró este jueves la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En su clasificación de 180 países, únicamente un 24% (un 26% en 2018) se encuentra en una situación buena o más bien buena.
Noruega conserva por tercer año consecutivo el primer puesto, seguido de Finlandia y Suecia. Cierra la lista Turkmenistán, precedido de Corea del Norte.
También en la cola, China pierde un puesto (177), así como Rusia (149), donde el Kremlin "acentuó la presión" sobre los medios independientes e internet, "con arrestos, registros arbitrarios y leyes liberticidas".
Estados Unidos (48) pierde tres puestos y entra en la zona "problemática". Más allá de las declaraciones de Donald Trump contra los medios, "los periodistas estadounidenses nunca habían sido objeto de tantas amenazas de muerte" ni recurrido de tal manera a la seguridad privada para su protección personal, según RSF.
La ONG basada en París destaca que la persecución de periodistas que incomodan a las autoridades en cualquier parte del mundo "parece ahora no tener límites". Cita el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Turquía, que "envió un mensaje aterrador a los periodistas más allá de las fronteras de Arabia Saudí".
España subió dos puestos (29) y Francia, uno (32). El informe apunta que América del Norte y del Sur registraron el mayor deterioro regional.
La ligera mejora en 2018 en América Latina "fue breve", puesto que el entorno en el que trabajan los periodistas es "cada vez más hostil". Las elecciones en países como México (144), Brasil (105), Venezuela (148) y Colombia (129) engendró un "recrudecimiento de los ataques contra los periodistas, perpetrados sobre todo por la clase política, los funcionarios y los cibermilitantes".
Estos incidentes "contribuyeron a reforzar un clima de desconfianza generalizada - a veces de odio - contra la profesión".
Nicaragua registró una de las caídas más significativas (114, -24 puestos), según RSF, que denuncia que los periodistas que cubren las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, considerados como opositores, son agredidos con frecuencia. "Muchos se han exiliado para evitar ser acusados de terrorismo", indica el informe.
Aunque la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador "calmó un poco" las relaciones entre el poder y la prensa, México sigue siendo el país más peligroso del continente para los periodistas, con 10 asesinatos en 2018.
Venezuela perdió cinco puestos, acercándose a la zona negra de la clasificación. La "deriva autoritaria" del gobierno de Nicolás Maduro intensificó la represión contra la prensa independiente, apunta RSF, que registró un número récord de arrestos arbitrarios y actos de violencia perpetrados por las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia. Muchos periodistas tuvieron que exiliarse y hubo reporteros extranjeros detenidos o expulsados.
Cuba se mantiene como el peor alumno de la región (169), pese a ganar tres puestos, una senda por la que se desliza Bolivia (113, -3), cuyo presidente, Evo Morales, sigue el "modelo cubano", controlando la información y censurando "las voces demasiado críticas", señala RSF.
"Blanco frecuente" de ataques armados, de presiones y de tentativas de intimidación por parte de la clase política, El Salvador perdió 15 puestos y se colocó en el 81.
Brasil pierde tres puestos y se acerca a la zona roja, con cuatro periodistas asesinados. La elección del ultraderechista Jair Bolsonaro, tras una campaña marcada por "el discurso del odio, la desinformación, la violencia contra los periodistas y el desprecio por los derechos humanos, augura un periodo sombrío para la democracia y la libertad de prensa".
"Independientemente del color político, hay gobiernos cada vez más fuertes que tratarán de controlar la información o de censurarla, recurriendo a métodos más o menos finos, más o menos visibles", dijo Emmanuel Colombié, director de RSF para América Latina, tras presentar el informe en Rio de Janeiro.
RSF recuerda el papel primordial de WhatsApp en la campaña electoral brasileña, canal por el que circularon informaciones falsas destinadas sobre todo a desacreditar el trabajo de los periodistas críticos con Bolsonaro.
Bolsonaro quiso enviar el jueves un mensaje de apaciguamiento a la prensa.
"Estimados integrantes de los medios, pese a algunos percances entre nosotros, los necesitamos para que la llama de la democracia no se apague. Los precisamos cada vez más. Palabras, letras e imágenes que sean una emanación perfecta de la verdad. Juntos, trabajando con ese objetivo, haremos un Brasil mayor, grande y reconocido en todo el escenario mundial", declaró Bolsonaro en una ceremonia militar en Sao Paulo.

EE.UU. evalúa acabar con algunas de las categorías que permiten viajar a Cuba

WASHINGTON.- El Gobierno de EE.UU. evalúa acabar con algunas de las doce categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba, lo que podría afectar a las aerolíneas y cruceros que aceleraron su actividad tras el deshielo iniciado en 2014.

La "número dos" del Departamento de Estado para Latinoamérica, Carrie Filipetti, explicó este jueves que actualmente se está reconsiderando si debe autorizarse cualquier viaje que no sea por motivos familiares, porque quiere evitarse que el dinero de los viajeros "vaya a parar a las manos del régimen cubano".
"Estamos ahora iniciando una investigación para determinar hasta qué punto algunas categorías de esos viajes permitidos están sirviendo para enviar dinero a elementos dentro del régimen", manifestó Filipetti, que no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan.
Los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo en Cuba, pero pueden viajar si cumplen con algunas de las doce categorías existentes: visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos, entre otros.
El acercamiento impulsado en 2014 por el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro, permitió flexibilizar ese tipo de excepciones.
En concreto, Obama permitió que los estadounidenses se "auto certificaran" sin muchas explicaciones como participantes en una de las doce categorías permitidas, lo que ha facilitado el negocio a las aerolíneas y cruceros que comenzaron a hacer trayectos comerciales a la isla.
En un discurso este miércoles en Miami, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, insinuó que ese tipo de visitas son un "turismo con velo" y, por eso, anunció restricciones para los viajes que no sean por motivos familiares.
El endurecimiento de la política de EE.UU. hacia Cuba incluye demandas en tribunales estadounidenses por bienes expropiados tras la Revolución y nuevas restricciones a las remesas, que quedarán limitadas a 1.000 dólares trimestrales por persona, un golpe para los miles de cubanos que viven de la ayuda que sus familiares emigrados les envían desde EE.UU.
Preguntada al respecto, Filipetti aseguró que se fijó el tope de 1.000 dólares porque se consideró que esa cifra "era suficiente" para permitir que los cubanos tuvieran "lo que necesitaban" sin que "involuntariamente" eso permitiera "al régimen cubano apropiarse de esos recursos".
"Cuando pensamos en la restricción de remesas, era importante para nosotros no prohibir las remesas porque muchos cubanos están obligados a vivir de un reducido salario gubernamental, no tienen suficiente para sobrevivir, así que queremos asegurarnos de que no impedimos eso", subrayó.
La diplomática defendió que, al proclamar las nuevas medidas, se tomó en cuenta "el efecto en los cubanos comunes y corrientes" y precisó que el objetivo del Gobierno de Donald Trump es "asegurar un respeto a los derechos humanos" en Cuba y una "rápida transición hacia la democracia".
Las nuevas medidas podrían tener un gran impacto en los trabajadores por cuenta propia ("cuentapropistas"), muchos de los cuales han levantado sus negocios con ayuda de sus allegados en el extranjero.
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, el Gobierno de Trump ha endurecido la política hacia Cuba con reducciones del personal diplomático y sanciones a los hoteles de la isla, aumentando el alcance del embargo económico y comercial.

Cuba niega su participación militar en Venezuela y rechaza el ultimátum de EE.UU.

LA HABANA.- Cuba reiteró este jueves que no mantiene efectivos militares y de seguridad en Venezuela, aunque advirtió de que es un "derecho soberano de dos países independientes" determinar cómo colaborar en el sector de la Defensa, al tiempo que rechazó un nuevo ultimátum de EE.UU.

El Gobierno cubano refutó las acusaciones del país vecino sobre su responsabilidad en la crisis del país petrolero, en una extensa declaración oficial en la que condenó las nuevas medidas de presión anunciadas por Washington, entre ellas la activación del título III de la ley Helms-Burton y nuevas restricciones a las remesas y los viajes.
La Habana insistió en que EE.UU. "miente descaradamente al alegar que Cuba mantiene en Venezuela a miles de efectivos militares y de seguridad, influyendo y determinando lo que ocurre en ese país hermano", el principal aliado del país caribeño en Latinoamérica.
En el texto, publicado en las portadas de los principales diarios del país, la isla acusó a la administración estadounidense y sus aliados de aplicar sanciones concebidas para "asfixiar económicamente" a Venezuela y "generar sufrimiento en la población".
"Washington llega al extremo de presionar a Gobiernos de terceros países para que intenten persuadir a Cuba de que retire este supuesto e inverosímil respaldo militar y de seguridad, e incluso para que deje de prestar apoyo y solidaridad a Venezuela", indica el comunicado.
Según el Estado cubano, los servicios de inteligencia estadounidenses tienen "evidencias más que suficientes, seguramente más que ningún otro Estado, para conocer que Cuba no posee tropas ni participa en operaciones militares ni de seguridad en Venezuela".
"Si bien, es un derecho soberano de dos países independientes determinar cómo cooperar en el sector de la defensa, lo que no le corresponde a Estados Unidos cuestionar", subrayó el Gobierno caribeño, que recordó que los cerca de 20.000 colaboradores cubanos en Venezuela solo prestan "servicios sociales básicos".
Para La Habana, "debe quedar absolutamente claro", que la "firme solidaridad" hacia Venezuela es un "derecho de Cuba como Estado soberano".
"Ninguna amenaza de represalia contra Cuba, ningún ultimátum ni chantaje del actual Gobierno estadounidense va a desviar la conducta internacionalista de la nación cubana", señala la declaración.
Cuba reafirmó además su "firme determinación" de enfrentar la nueva "escalada agresiva" de Washington, en respuesta al endurecimiento de las sanciones de la Administración del presidente Donald Trump contra la isla.
El Gobierno de EE.UU. anunció ayer miércoles que, a partir del próximo 2 de mayo, activará por primera vez en más de 20 años los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, aprobada en 1996.
La medida que más polémica internacional ha provocado ha sido la reactivación del título III, que permite reclamar ante cortes de EE.UU. bienes expropiados tras la Revolución, lo que podría propiciar miles de demandas contra compañías extranjeras asentadas en el país caribeño.
El título IV impediría la entrada a territorio estadounidense de directivos y familiares de las empresas que invierten en propiedades nacionalizadas por Cuba después de 1959.
De acuerdo con el Gobierno cubano, estas son acciones que tienen como "fin fundamental imponer la tutela colonial" sobre la isla.
"El Gobierno Revolucionario repudia también la decisión de volver a limitar las remesas que residentes cubanos en los EE.UU. envían a sus familiares y allegados, de restringir aún más los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba, y la de aplicar sanciones financieras adicionales", destaca la declaración.

México protegerá a sus empresas con negocios en Cuba ante sanción de EE.UU.

MÉXICO.- México lamentó la decisión de EE.UU. de aplicar el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandas a compañías de terceros países vinculadas a bienes expropiados en la Revolución cubana, y aseguró que protegerá a sus empresas que hacen negocio o tienen interés en hacerlo en la isla.

"Como lo ha hecho históricamente, México rechaza la aplicación de leyes comerciales unilaterales con carácter extraterritorial, pues violan las normas del derecho internacional", aseguró la Cancillería Mexicana en un boletín.
Al establecer su posicionamiento sobre el anuncio de la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, México ratificó su apoyo al fin del bloqueo económico y comercial impuesto a Cuba.
La aplicación de este Título permitirá a ciudadanos estadounidenses interponer demandas a partir del 2 de mayo en contra de empresas que hagan uso de propiedades confiscadas después de la Revolución cubana en 1959.
México apuntó que la medida puede afectar a empresas extranjeras en Cuba, por lo que "protegerá a las empresas mexicanas que hacen o tienen interés en hacer negocios con Cuba y que pudieran ser afectadas".
Este día, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció la activación por primera vez en la historia de una medida que permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana.
"La Administración de (Donald) Trump no suspenderá más el título III (de la ley Helms-Burton), una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo", dijo Pompeo en una rueda de prensa.
Este cambio de política abrirá la puerta a demandas en EE.UU. contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero y una de las principales inversionistas extranjeras en la isla.