MIAMI.- Con la inminente llegada a la Casa
Blanca de Donald Trump, empresas de EE.UU. y de otros países se verían
afectadas si el nuevo Gobierno abre por primera vez la puerta a demandas
en tribunales estadounidenses para reclamar bienes expropiados por el
régimen de los Castro en Cuba.
Aunque la norma que lo
permite está encaminada a la recuperación por parte de ciudadanos
estadounidenses de propiedades en la isla, plantea un dilema adicional
al afectar eventualmente a estas compañías, que las están usufructuando.
Los Gobiernos y empresas extranjeras "deben estar
preparados para la incertidumbre, y para la incertidumbre sobre la
incertidumbre", expresó John Kavulich, presidente del Consejo
Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, que reúne a compañías estadounidenses
interesadas en aumentar el comercio con la isla.
Aunque el experto dijo que era "improbable" que se aplique la cláusula
que así lo permite, el Título III de la Ley Libertad (Helms-Burton),
aseguró que puede coaccionar la recuperación de bienes en la isla.
"Será usada como una herramienta quirúrgica para presionar" a Gobiernos
y empresas extranjeras "para alentar al Gobierno de Cuba a resolver las
5.913 reclamaciones certificadas que hay en Estados Unidos", por un
monto total de 1.900 millones de dólares, aseguró.
Un
ejemplo es el aeropuerto de La Habana, que es reclamado por el
cubano-estadounidense José Ramón López, y que es utilizado por
aerolíneas extranjeras, entre ellas estadounidenses desde agosto pasado,
cuando se inauguraron los vuelos comerciales entre ambos países después
de más de cincuenta años de enemistad diplomática.
Empresas que operan en el aeropuerto José Martí, o en el puerto de
Santiago de Cuba, a donde llegan cruceros y que también tiene
reclamaciones, podrían verse afectadas por decomisos u otras costosas
acciones legales en caso de demandas propiciadas por el Título III.
Estos reclamos y las posibles sanciones a terceros países que tienen
negocios con el régimen generarían un "enredo" y una serie de demandas
internacionales, señaló Ramón Saúl Sánchez, presidente del
Movimiento Democracia.
Para los congresistas
cubanoestadounidenses de Florida, Ileana Ross-Lehtinen y Mario
Díaz-Balart, es simplemente una muestra más del "riesgo" que significa
hacer negocios con Cuba.
Cuando se cumplen hoy dos
años del anuncio del proceso de normalización diplomática hecho por el
presidente de EE.UU., Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro,
ambos republicanos calificaron de "fracasada" esta política y se
mostraron esperanzados con la promesa de Trump de "revertirla".
Andy S. Gómez, decano retirado del Instituto de Estudios Cubanos y
Cubanoestadounidenses, de la Universidad de Miami (UM), expresó que
recuperar los bienes es un reto legal y de procedimiento "muy
complicado".
Señaló que mientras no existan mejores
relaciones entre EE.UU. y Cuba, "mejores pasos de normalización, esto no
va a echar para adelante".
Un primer paso, sin
embargo, podría darlo el republicano Trump con la activación del Título
III, que desde su creación en 1996 ha estado suspendido por orden de los
presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Obama.
Es
una cláusula que permite a estadounidenses, así no lo fueran en el
momento de la expropiación, presentar en tribunales de Estados Unidos
reclamaciones de bienes en Cuba y que prohíbe a empresas extranjeras
"traficar" con estas propiedades confiscadas.
Sin
embargo, algunos expertos consideran que estas reclamaciones no son
oportunas por ahora, mientras que organizaciones del exilio creen que no
son prioritarias como el respeto de los derechos humanos y la
celebración de elecciones libres en Cuba.
Trump,
quien toma posesión el próximo 20 de enero, tendrá la prerrogativa de
activar el Título III, aunque aún no está claro si el presidente Obama
la dejará en enero suspendida por otros seis meses, o trasladará la
decisión a Trump, que no ha dejado muy clara su política hacia Cuba.
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