MADRID.- La Cámara de Comercio de España reclama a la Unión Europea una
postura común para actuar contra el endurecimiento de la aplicación de
la Ley Helms-Burton, que implicaría "graves riesgos" para las empresas
españolas que han realizado inversiones en Cuba, cumpliendo
"escrupulosamente" la legislación cubana, española, europea e
internacional. La Ley Helms-Burton contempla sanciones para los países
que mantienen relaciones económicas y comerciales con Cuba.
El
organismo cameral explica en una nota que dicha posibilidad, anunciada
por la Administración Trump el pasado mes de enero, ha causado una
"profunda preocupación" de las empresas con inversiones en Cuba, que la
Cámara de Comercio de España ha trasladado al Gobierno español.
La
Cámara de Comercio de España valora y agradece la "contundente"
posición trasladada y defendida en la Unión Europea, así como todas las
gestiones que se están realizando desde el Gobierno y en particular el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Secretaria de Estado de
Comercio. Se trata de acciones orientadas a evitar la aplicación de la
Ley Helms Burton de manera extraterritorial a ciudadanos y empresas
europeas y muy especialmente a España.
Por ello, reitera la
necesidad de mantener una firme posición en defensa de las empresas
españolas y de responder de manera proporcionada desde la Unión Europea.
Entre
las acciones que podrían llevarse a cabo señala la aplicación del
artículo 6 del 'Blocking Statute' de la Unión Europea que permite a los
Estados miembros afectados por la Ley Helms-Burton iniciar acciones
legales en territorio de la Unión Europea en contra de las empresas
estadounidenses demandantes de sanciones a las empresas europeas con
intereses en Cuba.
La Ley Helms-Burton,
aprobada por Estados Unidos en 1996, prevé sanciones para los países que
mantienen relaciones económicas y comerciales con Cuba.
El Título
Tercero admite la posibilidad de llevar a cabo reclamaciones ante los
tribunales estadounidenses de las que podría derivarse la confiscación
de propiedades en Estados Unidos de las empresas con operaciones en
Cuba, entre las que se encuentran muchas compañías españolas.
El
pasado mes de enero, el Gobierno estadounidense cambió el criterio
mantenido en los últimos 20 años sobre los plazos de suspensión de la
aplicación del Título Tercero de la Ley, lo que implica la posibilidad
real de su aplicación a partir del 17 de abril.
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