La Administración de Donald Trump ha eliminado la suspensión,
renovada por semestres, del artículo III de la Ley Helms-Burton. A
partir de ahora las empresas estadounidenses podrán presentar
reclamaciones en los tribunales por la expropiación de bienes durante la
revolución castrista de 1959 en Cuba.
Donald Trump cancela así la
estrategia de distensión con Cuba iniciada por Barack Obama, plantea
directamente la cuestión de la extraterritorialidad de las leyes
norteamericanas, e involucra a Europa y, en particular a España, en un
nuevo gesto de agresión comercial. Estamos ante un caso de abuso
político de la ley y un paso más en la guerra fría comercial que caracteriza su mandato.
Muchas empresas europeas y españolas están utilizando bienes
expropiados 60 años atrás, legítimamente adquiridos y con autorización
legal. Reactivar ahora una cadena de reclamaciones históricas, con el
agravante del aniversario de la invasión en la bahía de Cochinos, solo
puede entenderse como una parte de la estrategia política y comercial de
Trump que mezcla el proteccionismo reaccionario con el nacionalismo
económico más rancio.
Llega además en un momento especialmente
inoportuno, cuando el Consejo de Ministros de la UE aceptó la apertura
de negociaciones comerciales con Estados Unidos. Pero esta es la táctica
preferida de Trump: golpear y presionar antes de iniciar una
negociación.
Las empresas españolas, en particular las hoteleras, pueden verse
atrapadas en una maraña de pleitos que comprometan la estabilidad de los
negocios en los próximos años. Para la economía cubana significa un
aumento de la incertidumbre que retraerá a los inversores y frenará el
crecimiento; para Bruselas, plantea un dilema.
Puede seguir el criterio
de “esperar y ver”, o el de activar el reglamento de bloqueo
que permite a los tribunales europeos rechazar las sentencias
estadounidenses o contraatacar frenando las negociaciones comerciales
previstas.
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