WASHINGTON.- A partir de este jueves entrará en
vigor una de los cambios más simbólicos de la política de EE.UU.
respecto a Cuba en las últimas décadas: la luz verde a las demandas
contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles
expropiados en la isla tras la Revolución de 1959.
Desde este jueves, los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen
cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la
revolución comunista podrán demandar en tribunales del país
norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas,
en virtud de la activación del Título III de la ley Helms-Burton de
1996.
La Administración del presidente estadounidense, Donald
Trump, había advertido en diversas ocasiones que iba a dar este paso sin
precedentes por parte de Washington, aunque había mantenido la intriga
con diversas prórrogas a la suspensión del Título III.
Finalmente, el pasado 17 de abril anunció la inminente activación de
los Títulos III y IV (este último impide la entrada a EE.UU. de los
demandados por el anterior), suspendidos desde su promulgación por el
rechazo de la Unión Europea (UE) y otros países cuyas compañías pudieran
verse afectadas.
La decisión podría afectar a
importantes empresas, como las hoteleras españolas Meliá e Iberostar, y a
otras europeas, canadienses, japonesas, rusas y chinas, que operan
-generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales
cubanas- desde propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los
primeros años de mandato de Fidel Castro.
Otras
compañías susceptibles de sufrir demandas son aerolíneas, como Lufthansa
y Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china
Huawei y la japonesa Mitsubishi.
Todos los
presidentes estadounidenses desde Bill Clinton (1993-2001) habían
mantenido desactivado el Título III hasta la llegada a la Casa Blanca de
Donald Trump en enero de 2017, quien apostó por ponerlo en vigor como
parte de sus esfuerzos para lograr un cambio político no solo en Cuba si
no también en Venezuela.
El asesor de Seguridad
Nacional, John Bolton, realizó el anuncio a mediados de abril durante un
almuerzo cargado de simbolismo con el exilio cubano en Miami.
"A los estadounidenses a los que les han robado su propiedad privada y
ganada en Cuba, finalmente se les permitirá demandar", dijo Bolton.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico
EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913
casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al
Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los
intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Cuando se aprobó la ley en 1996, había "hasta 200.000" reclamos de
individuos y empresas que querían recuperar sus propiedades expropiadas
en Cuba, una cifra que podría haber aumentado en las últimas dos
décadas, explicó la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para
Latinoamérica, Kimberly Breier, tras conocerse la decisión.
El valor que reclaman esos estadounidenses "podría rondar los decenas
de miles de millones de dólares, aunque eso dependerá de si deciden
presentar casos legales o no", agregó Breier.
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