MADRID.- El 21 de febrero de 2019, Eliécer Góngora Izaguirre, un activista de la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue puesto sin su consentimiento ni conocimiento, y sin que mediara ninguna orden judicial, en un avión de Aruba Airlines con rumbo a Guyana. Le dieron 200 dólares y le dijeron que era «para que se buscase la vida y no regresase más a Cuba», según publica hoy el diario Abc.
Esta declaración forma parte del dictamen
sobre expatriaciones forzosas y coercitivas realizadas por el régimen
cubano, así como las violaciones de DD.HH.. Realizado por la abogada María Herrera,
que trabaja en el distrito de Columbia y en Nuevo México, está includio
en una denuncia presentada por dos ONG -Cuban Prisioners Defenders y
Unpacu- ante la ONU con el Gobierno de la isla sobre este tipo de
prácticas que poco conocidas se han intensificado en los últimos meses.
«Al
menos en los últimos 6 meses, pero incluso antes, se ha detectado de
forma generalizada y masiva que la policía política y la Seguridad del
Estado, así como los Comités de Defensa de la Revolución y otros
organismos afines al proceder del Ministerio del Interior han puesto en
marcha una metódica para instigar, mediante amenazas, coacción, golpizas y detenciones arbitrarias,
a los activistas para que, explícitamente, dejen el país de forma
definitiva, hecho que les comunican como única solución a la represión y
amenazas de muerte y cárcel», indica la denuncia.
La expatriación
forzosa es otra forma de acallar cualquier voz disidente en la isla. A
los que el régimen cubano no puede silenciar con la cárcel -actualmente
hay 134 presos políticos en Cuba- los destierra, así lo refrenda esta
denuncia que fue remitida ayer a la ONU.
Expatriación e instigación a la expatriación
El
informe incluye más de una treintena de casos, y 26 testimonios
directos como el de Eliécer. Todos ellos son cubanos que se han visto
obligados a abandonar la isla con la prohibición de volver a ella.
A
estos se suman otros 42 casos de activistas y
disidentes cubanos que han sido y son «víctimas de gravísimas amenazas»
por parte de «los aparatos del Estado» cubano instigándolos a la
expatriación forzosa, pero que, a pesar de la gran represión, han optado
por quedarse en Cuba.
Entre estos últimos activistas, hay nombres tan
conocidos como los de la líder de las Dama de Blanco, Berta Soler,
que ha sufrido innumerables detenciones y a la que el régimen no deja
salir del país desde hace más de dos años (otra medida de represión).
Eliécer, que hoy vive en Costa Rica, sufrió más 30 detenciones sin
cargos y pasó seis meses en la cárcel. Sufrió presiones y amenazas hacia
él y hacia su familia, pero no quería abandonar el país.
«El aparato
represivo del régimen Castro-canelista me ofreció en el tiempo que
estuve en prisión que si aceptaba salir con toda mi familia para EE.UU.
me liberarían inmediatamente, a lo que yo me negué rotundamente»,
detalla en la denuncia a la que ha tenido acceso Abc.
Sin embargo, el 21
de febrero de este año fue puesto en un avión, tan solo con una tarjeta
de embarque y sin derecho a ningún tipo de alimento durante el trayecto
al no estar incluido ni siquiera en la lista de pasajeros, con destino a
la Guyana.
«Camino de muerte»
Las ONG Cuba Prisoners Defenders y Unión Patriótica de Cuba (Unpacu),
que ya presentaron el pasado mes de mayo ante la Corte Penal
Internaciona de la Haya y varios organismos interncionales una denuncia
contra el régimen cubano por «esclavitud, persecución y otros actos inhumanos», relacionado las misiones internacionales de médicos, firman esta
nueva denuncia que acaban de remitir a varias comisiones de DD.HH. de
la ONU.
En ella revelan la «práctica masiva y sistemática» de
expatriaciones forzosas a la que están siendo sometidos activistas y
defensores de DD.HH. en Cuba.
Una práctica que si bien no es nueva se ha incrementado desde finales de 2018 y principios de 2019, cuando Miguel Díaz-Canel ya había tomado el relevo en el poder a Raúl Castro.
«Más de 40 miembros de la Unpacu, que sepamos, han recibido esa presión
en estos 6 meses. Es brutal y debemos pararlo, porque además de írsenos
algunos, los menos, lo que sí pasa es que los que se van además lo
hacen a un camino de muerte, como se detalla en el documento. Y genera
mucha represión adicional. El régimen a los “elegidos” los machaca
diariamente», afirma a Abc Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, y representante ante la Unión Europa de Unpacu.
El
«camino de muerte» es el término con el que muchos activistas
expatriados se refieren a la ruta de salida forzosa que se ven obligados
a seguir cuando son expulsados de Cuba. Los países a los que son
desterrados los disidentes son aquellos que simpatizan con el régimen,
como Guyana, Trinidad y Tobago y Nicaragua, principalmente. «Países que, con mayor o menor implicación, colaboran con Cuba en este crimen de Estado», apunta el informe.
Una vez en Guayana, los problemas de los expatriados –a algunos de los cuales se el gobierno les ofrece dinero, entre 100 y 300 dólares,
para que no vuelvan al país– no hacen más que empezar.
Desde allí,
muchos deciden buscar un refugio mejor, para lo que tienen que transitar
el conocido como «Camino Viejo», antigüa ruta para partir de Sudamérica
hacia EE.UU. Para ello, deben atravesar Brasil, Perú, Ecuador,
Colombia, Panamá, Costa Rica, hasta llegar a México, y de ahí a EE.UU.
Una ruta «de expolio y de torturas» tomada por las mafias. Muchos de los
expatriados han reconocido después que, «de haber conocido antes lo que
les esperaba, nunca hubieran dejado Cuba», señala Larrondo
Sin derecho a trabajar y a estudiar
Actualmente, los disidentes desterrados de manera forzosa se encuentran repartidos en países como Costa Rica, Panamá, Chile, México o España.
Muchos de ellos no disfrutan de reconocimiento como refugiados, por lo
que no tienen acceso al mercado laboral ni a educación.
De ahí, que la
denuncia presentada por Cuban Prisioners Defenders y Unpacu se refiera a
la violación de Convenios y Pactos de DD.HH. de las Naciones Unidas,
como la Declaración Universal de DD.HH., la Convención contra la
Tortura, la de los Derechos del Niño, así como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Sobre los motivos que habrían
llevado al régimen a intensificar las expatriaciones forzosas en los
últimos meses, Larrondo enuncia tres factores: «Primero, la ausencia de
visado para los activistas de derechos humanos por parte de Estados
Unidos, que fue detenido previo a la salida de Obama –señala–.
Otro
factor es la impunidad con la que el Gobierno de Cuba ha creído que
puede reprimir, porque la Unión Europea no reacciona con fuerza ante los
crímenes de lesa humanidad que se cometen como debiera ser esperable.
Y, por último, que las listas de presos políticos están generando mucha
presión en el régimen en los últimos seis meses, y los que “elige” son
todos activistas de valor que no tienen más forma de pararles que
sacándolos de la isla o metiéndolos en prisión».
El presidente de Cuban Prisioners Defenders subraya que el objetivo de esta nueva denuncia es «visibilizar la barbarie e impunidad con
la que actúa el Gobierno cubano, así como desenmascarar su falsa
ideología de la que ellos mismos son los máximos violadores». También
pretende «atraer solidaridad» hacia los expatriados para que reciban
acogida en países democráticos donde puedan recibir ayuda y rehacer sus
vidas.
Con este documento, en el que se recogen numerosos testimonios,
quieren también informar a los activistas de la isla «del trágico
resultado que supone la expatriación».
Y esperan y desean que con esta
denuncia el Alto Comisionado y las relatorías de Derechos Humanos de
Naciones Unidas «recriminen formalmente, tras el análisis y estudio de
la prueba, a Cuba por estas acciones», hecho que de producirse, sería
público a los dos meses de la comunicación de la denuncia.
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