MADRID.- Se ha presentado en Madrid un informe que recoge los datos penales
«más significativos» de Cuba actualizados «y hasta ahora inéditos».
Elaborado por la ONG europea Cuban Prisoners Defenders,
recoge el número total de presos del sistema penitenciario, número de
presos por causas, así como el número de presos por su conducta
(condenas pre-delictivas), y que afecta principalmente a aquellas
personas que va en contra «con la moral socialista», esto es, disidente,
opositores y emprendedores, según recoge el diario conservador Abc.
Según el documento, en la actualidad
habría alrededor de 90.000 presos en las cárceles cubanas, lo que
convertiría a Cuba en el país con mayor población reclusa del mundo, con
794 reclusos por cada 100.000 habitantes (el segundo lugar lo ocupa
EE.UU.).
Un dato que desmiente las cifras que el régimen cubano ofreció,
a través del periódico «Granma», su órgano de propaganda, en 2012,
cuando indicó que la población reclusa era de 57.336, lo que rebajaba a
510 el número de presos por cada 100.000 (y situaba a Cuba en el sexto
puesto a escala mundial).
Estos datos son los únicos que estaban todavía
vigentes, a falta de una actualización oficial, según la información
publicada por el Institute for Criminal Policy Research (ICPR) en su página web , donde se mantienen los de 2012.
El informe indica que al año se inician en Cuba más de 32.000 causas
penales, que se traducen en que entre 35.000 y 40.000 personas son
acusadas anualmente en sede judicial, y entre el 92 y el 93% declaradas
culpables. Esto es, entre 32.000 y 37.000 personas.
De los declarados
culpables reciben sanciones de privación de libertad el 69% a nivel
nacional, es decir, entre 22.000 y 25.500 personas obtendrán sanciones
de prisión o de trabajo correccional en establecimiento penitenciario.
Estos
datos, inéditos hasta ahora, han podido ser elaborados por la ONG
Prisoners Defenders gracias «a documentación interna del régimen que he
remitido a enlaces diplomáticos y está contrastada e indubitada»,
explica a Abc Javier Larrondo, presidente de la ONG.
El
informe, presentado en la sede de la Fundación Transición Española,
hace hincapié en los expedientes de pre-delictiva, «presos sin delito,
datos que hemos obtenido de estudios de prisiones, fichas de
expedientes y datos macro obtenidos de filtraciones de aparatos del
Estado. Sabemos desde hace casi un año que son del orden de 11.000
casos, 8.400 directamente entre rejas como ahora conocemos con
exactitud, y que confirman los documentos internos contrastados con la
documentación oficial». Una documentación a la que ha tenido acceso este
periódico y ha podido consultar.
Larrondo denuncia
vehementemente, este tipo de condenas, que reflejan «la represión de
derechos de opinión y la arbitrariedad que se destila con los 11.000
presos por pre-delictiva, es decir, por prejuicios y sin delito, es algo
tristísimo. Son 11.000 familias afectadas cada año, con familiares con
penas de 1 a 4 años, sin que hayan cometido delito alguno, donde la pena
media es de más de 2 años de prisión».
Prisiones y campos de trabajo forzado
Sobre
la divergencia de cifras, entre las que admitió el régimen en 2012 a
través de «Granma», frente a las recogidas ahora, Larrondo subraya la
veracidad de estas últimas. «Yo tengo documentación oficial contrastada
que he podido enseñarles, y "Granma" es un mero diario propagandístico
que no es siquiera oficialmente del gobierno. La cifra que da Prisoners
Defenders, por desgracia, es cierta y exacta. Son 90.300 los presos convictos,
y 37.500 los condenados que están en otras situaciones de tipo penal no
carcelaria, a cierre del primer semestre de 2019».
Según el informe,
habría en la actualidad un total de 127.800 personas que están cumpliendo tipos penales en Cuba, «y la mayoría internados en prisiones y campos de trabajo forzado. Es una barbaridad».
Estos
datos sitúan a Cuba como la mayor cárcel del mundo «sin duda alguna, y
lleva siendo así desde hace decenas de años. El problema es que sólo
ahora hemos podido demostrarlo con documentos oficiales indubitados»,
subraya el presidente de PD en referencia a la opacidad del régimen
cubano.
El informe se detiene también en los indultos masivos y
excarcelaciones que viene realizando el Gobierno cubano desde hace años,
para controlar el gasto penitenciario y hacer sitio en las cárceles
hacinadas para nuevos condenados, especialmente los condenados por
conducta antisocial (que afecta a disidentes, opositores y
emprendedores).
«Los presos comunes son liberados o pasados a otros
regímenes para abaratar los costes del sistema carcelario, y esta política es constante desde 2015
. El porcentaje de presos políticos, sobre el total, aumenta cada año
que se hacen políticas de liberación y drenaje carcelario de presos,
porque no afecta a los políticos ni los desafectos con el sistema. Ni
los indultados presidencialmente cada año para abaratar los costes de
prisión (drenaje carcelario), entre 2.000 y 3.000 anuales, ni los que
obtienen medidas diferentes a las de encarcelación, afectan en igual
grado a los presos políticos o a los desafectos con la "revolución" que a
los presos comunes», señala Larrondo.
Según los datos recogidos en el informe, 21.600 reclusos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada en Cuba.
Tras
tener estos datos en la mano, el presidente de PD, ONG que ha
denunciado al régimen cubano, ante la ONU y la CPI de La Haya,
por la explotación de los médicos cubanos en las misiones internacionales, y que ha hecho campaña pidiendo la liberación del opositor encarcelado José Daniel Ferrer,
asegura que lo más grave que ha podido contrastar es la represión que
sufre la población cubana.
«Una población no delictiva, tranquila. En
Cuba no hay clanes, mafias ni conflictos raciales, religiosos o de otro
tipo. En Cuba la población es buena, sencilla, de buen corazón. Su único
delito es tratar de sobrevivir. El sistema no puede castigar ese
intento de supervivencia cuando es incapaz de darle al cubano los
mecanismos para ella, porque se ha enfrentado con todo el mundo, y
porque su política de derechos económicos, amén de otros derechos, no le
permite por Ley al cubano ni importar, ni recibir inversión para un
negocio, ni tener suministro alternativo de insumos cuando los del
Estado no son suficientes.».
Acostumbrado a desmentidos y a la
manipulación de los hechos por parte del régimen, Larrondo no cree que
en este caso el Gobierno de Cuba niegue estas cifras: «No lo tengo del
todo claro, porque no conocen los documentos, muchos, oficiales, del más
alto nivel, contrastados, y que ya fuentes diplomáticas tienen. Sería
un precio de descrédito muy fuerte tanto externo, como interno con sus
dirigentes, que saben que las cifras que damos son ciertas. El Dr. Edel González mismo [que ha estado en la presentación del informe, y al que Abc ha podido entrevistar
] ha confesado, tras verlo cuando llegó a Madrid y dejarle estudiar
los documentos, copias fidedignas, analizadas y contrastadas por
expertos, que lo que hemos obtenido en Prisoners Defenders y Civil
Rights Defenders es tristemente irrefutable».
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