MIAMI.- Grupos del exilio y funcionarios cubano-estadounidenses redoblaron
este miércoles sus esfuerzos para que el presidente Donald Trump
implemente en su totalidad una ley que permite demandar por daños a
compañías extranjeras que invierten en bienes comerciales expropiados
por el régimen cubano.
Esta nueva acción es continuación de la
carta pública enviada recientemente a Trump en la que más de veinte
grupos del exilio cubano le pidieron la "implementación completa" de los
Títulos III y IV de la Ley de Libertad Cubana.
A esta petición se
sumaron ahora cuatro alcaldes, entre estos los del condado de
Miami-Dade y de la ciudad de Miami, Carlos Giménez y Francis Suárez,
respectivamente, y cuatro comisionados (concejales) del sur de Florida.
El
pasado 16 de enero, Trump se convirtió en el primer presidente de EEUU
en implementar parcialmente el Título III de la Ley de Libertad de Cuba,
conocida como Ley Helms-Burton, de 1966, que permite a los
estadounidenses a quienes les fueron confiscadas sus propiedades en Cuba
poder demandar al régimen cubano.
Pero la implementación completa
del Título III daría luz verde a demandas por "daños" a "compañías no
cubanas que invierten en bienes comerciales que fueron expropiados o
confiscados" a sus dueños legales, explicó Orlando Gutiérrez,
directivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de
grupos opositores de dentro y fuera de la isla.
El impacto de esta
medida tendría consecuencias graves, por ejemplo, en las compañías de
cruceros estadounidenses que "invierten en los muelles de La Habana o
Santiago", ya que podrían afrontar demandas por daños en los tribunales
de Estados Unidos, agregó Gutiérrez.
La medida podría alcanzar
también a cadenas hoteleras como la estadounidense Marriot o el grupo
español Meliá, compañías que, según el activista cubano, "han invertido
en propiedades y hoteles robados" por el régimen cubano.
En ese
contexto judicial, los bienes de estas compañías, entre otras posibles,
localizados en territorio estadounidense "podrían estar sujetos a una
reclamación por daños causados" y al fallo consecuente de un juez
federal.
Gutiérrez se mostró convencido de que la "presentación de
demandas de mucho peso sería inmediata por parte de cubanoamericanos y
estadounidenses", de activar Trump esta ley en su totalidad.
Recordó
Gutiérrez, también director del Directorio Democrático Cubano, que los
Títulos III y IV de esta ley "cubren a todo el que haya perdido una
propiedad comercial, no residencial, con un valor superior a los 50.000
dólares y que esté siendo utilizada por el régimen castrista".
Hay
unas 200.000 a 300.000 quejas de ciudadanos cubanoestadounidenses que
alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas, como Bacardí, los
terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí de La Habana, cultivos
azucareros y aseguradoras, entre muchos otros.
EEUU además ha
"certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como
por ejemplo Texaco, Coca Cola y Palmolive, que pueden también acogerse
al Título III si se activa, por un total de 1.900 millones de dólares.
El
pasado 4 de marzo, el Gobierno Trump abrió la puerta para demandar a
partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas,
que forman parte de una "lista negra" por adueñarse de bienes
confiscados.
Se prevé que el Gobierno estadounidense anuncie el
próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una
suspensión más corta, "sin precedentes", de esta facultad, de 30 días,
que anunció recientemente.
Esta medida ha sido suspendida
consecutivamente cada seis meses por los Gobiernos de los presidentes
Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, lo mismo que por Trump
durante sus primeros dos años de Administración.
El pasado 21 de
marzo, el director para EEUU de la Cancillería cubana, Carlos Fernández
de Cossío, declaró que el Gobierno de Cuba estaría dispuesto a negociar
un acuerdo de compensación a los reclamantes de propiedades
nacionalizadas reconocidos por los Estados Unidos.
Sin embargo,
impuso como condición que Washington acepte discutir sobre las
indemnizaciones a Cuba por daños causados por su Gobierno.
"Lo que
Cuba está dispuesta a hacer (...) es entrar en un proceso de
negociación en la búsqueda de un acuerdo de suma total para que puedan
ser compensados los antiguos reclamantes, reconocidos por la Comisión de
reclamaciones extranjeras de EEUU", explicó Fernández de Cossío.
El
funcionario especificó que se refería a los 5.913 exiliados cubanos que
han interpuesto demandas reconocidas por tribunales estadounidenses.
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