MIAMI.- Grupos del exilio cubano en Miami
urgen al Gobierno de Donald Trump activar por "completo" la ley que
permitiría demandar en cortes estadounidenses a "empresas extranjeras", y
no solo a las cubanas, que usufructúan propiedades confiscadas tras la
Revolución.
El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente
de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, en el sur de
Florida, manifestó que por ahora son meramente "simbólicas" y de
presión las medidas emprendidas en ese sentido por Estados Unidos.
Indicó que la clave es implementar "plenamente" las
demandas contra compañías extranjeras "con presencia económica" en
Estados Unidos por "traficar" con bienes confiscados en Cuba.
"Eso
sí va a desalentar la inversión extranjera en Cuba, porque pueden ser
demandadas por la familia que era dueña de alguna propiedad", agregó.
Él,
como cientos de miles de cubano-estadounidenses, no pierde la esperanza
de lograr en principio una indemnización por "daños y perjuicios" por
los bienes expropiados en la isla a su familia a partir de 1960, entre
ellas, "dos centrales azucareras, quince fincas ganaderas, un banco y
varias colonias de caña".
Orlando Gutiérrez-Boronat,
directivo de la Asamblea de la Resistencia, una coalición de grupos del
exilio, señaló que las medidas de Trump son "un paso en la
dirección correcta", pero que "falta mucho por hacer".
El
pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado abrió la puerta a
ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses a demandar a partir
del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas, que
hacen parte de una "lista negra" por adueñarse de bienes confiscados.
La iniciativa, sin embargo, no afecta legalmente a sus socios extranjeros.
Para
Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación
Nacional Cubano Americana (FNCA), se trata de una medida "hasta cierto
punto impracticable", porque la mayoría de las compañías cubanas "no
tienen activos en Estados Unidos para cobrar la demanda".
En
ese sentido, el exilio coincide que Estados Unidos debe activar por
completo el Título III de la Ley Helms Burton (Ley Libertad), que desde
su creación en 1996 ha sido suspendido consecutivamente cada seis meses
por los gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama.
Trump
hizo lo mismo en sus primeros dos años de gobierno, pero en enero
pasado lo suspendió por sólo 45 días y después por otros 30 días, que
vencen el próximo 17 de abril.
Ese día, el abogado
Gutiérrez dijo que espera del gobierno un anuncio oficial "positivo" de
la ampliación de las demandas a los "socios extranjeros".
Una
comisión del Departamento de Justicia tiene "certificados" 5.913 casos
de ciudadanos y empresas estadounidenses, como por ejemplo Texaco, Coca
Cola, Palmolive, que pueden acogerse al Titulo III si se activa, por un
total de 1.900 millones de dólares.
Ese grupo se suma,
según el abogado Gutiérrez, que ha investigado el tema por treinta
años, a unas 200.000 a 300.000 quejas de ciudadanos
cubano-estadounidenses, que alegan propiedad de bienes y empresas
confiscadas como Barcardí, los terrenos del aeropuerto internacional
Jose Martí de La Habana, cultivos azucareros, aseguradoras, entre muchos
otros.
Para la Asamblea de la Resistencia se trata de
"propiedades robadas por el régimen a sus legítimos dueños", cuyos
recursos son utilizados para incrementar la represión al pueblo cubano y
extender la "ocupación" que ejerce en Venezuela.
Esta
coalición y la Brigada 2506 emitirán este lunes un mensaje público al
presidente Trump, en el que piden implementar el Título III y utilizar
con mayor frecuencia el Título IV de la misma ley, que "le niega visas a
aquellos empresarios internacionales que estén participando de
inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas".
Entre
tanto, el abogado Gutiérrez aclaró que estos procesos tienen
restricciones, como por ejemplo que el carácter de la propiedad debe ser
"comercial" y que supere un valor de 50.000 dólares, porque no se trata
de "desalojar a cubanos de a pie".
"No va a botar a gente de sus casas", aclaró, al señalar que los cubanos en la isla están siendo atemorizados al respecto.
Reconoció
por otro lado que la activación del Titulo III creará problemas con
terceros países, y que la "relación comercial Estados Unidos-Europa es
mucho más importante" y no debe ser afectada "por compañías
inescrúpulosas españolas que puedan estar en Cuba", pero señaló que esto
a Trump poco le importa.
"Para él es casi mejor que no le va a gustar a los europeos", subrayó.
Por
su parte, López dijo que aunque estas medidas, de hacerse efectivas,
ayudan porque "limitan la capacidad del gobierno cubano", para la
Fundación Nacional Cubano Americana el "dilema está dentro de Cuba,
entre el pueblo cubano", y en ese sentido dijo que se debe "incrementar
la capacidad de la oposición" como también lo prevé la Ley Helms Burton.
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