LA HABANA.- La decisión de EE.UU. de dar luz verde a las demandas
contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles
expropiados en Cuba amenaza con disuadir la inversión extranjera en el
país caribeño y asestar un duro golpe a su cada vez más asfixiada
economía.
Desde el próximo jueves, los ciudadanos
estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus
propiedades en Cuba tras la Revolución de 1959 podrán demandar en
tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se
beneficie de ellas, en virtud del título III de la ley Helms-Burton de
1996.
En un movimiento sin precedentes, la Administración de
Donald Trump anunció el pasado 17 de abril la inminente activación de
los títulos III y IV (este último impide la entrada a EE.UU. de los
demandados por el anterior), que permanecían suspendidos desde su
promulgación por el rechazo de la Unión Europea y otros países cuyas
compañías pudieran verse afectadas.
Firmas españolas
como Meliá e Iberostar y otras europeas, canadienses, japonesas, rusas o
chinas operan -generalmente en régimen de empresa mixta con
corporaciones estatales cubanas- hoteles y otros negocios ubicados en
propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de
mandato de Fidel Castro.
De multiplicarse las
demandas en tribunales estadounidenses se podría generar una complicada
espiral de litigios internacionales que perjudicarían a las empresas
demandadas, especialmente si cuentan con algún tipo de activos en EE.UU.
La Unión Europea (UE), que aglutina a la mayoría de las compañías
amenazadas, advirtió que contraatacará con "todas las opciones a su
alcance", en palabras de su alta representante para Asuntos Exteriores,
Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que
emitieron un comunicado conjunto tras el anuncio de Washington.
Concretamente, Bruselas prometió recurrir a su "estatuto de bloqueo",
que prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales
estadounidenses relacionadas con el Título III en territorio europeo y
permite a los demandados recibir indemnizaciones por daños a través de
procedimientos judiciales contra sus demandantes en las cortes europeas.
En el caso concreto de España, cuyas empresas dominan gran parte del
mercado hotelero cubano, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep
Borrell, aludió a la necesidad de que la Unión Europea acuda de nuevo a
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De hecho,
fue una primera demanda ante la OMC presentada por la UE en 1996 la que
forzó a EE.UU., entonces con Bill Clinton en la Casa Blanca, a
suspender indefinidamente la aplicación de los títulos III y IV, medida
que fue respetada por todos los antecesores de Trump.
Al margen de los procesos legales a los que dé pie, los expertos
auguran que la aplicación del título III creará un efecto disuasorio en
potenciales inversores extranjeros en la isla, que necesita de unos
2.000 millones de dólares anuales de inversión foránea directa para
sostener su economía.
El Gobierno cubano ha
emprendido una intensa campaña para desacreditar la medida de Trump y
recabar apoyos en la comunidad internacional, lo que refleja el alto
grado de preocupación que esta amenaza genera en La Habana.
Al previsto -aunque aún imposible de cuantificar- desincentivo de las
inversiones extranjeras se suma además el anuncio de dos nuevas
sanciones de EE.UU.: la restricción más severa de los viajes de sus
ciudadanos a la isla y la limitación de las remesas de familiares a
1.000 dólares trimestrales por persona.
El canciller
de Cuba, Bruno Rodríguez, reconoció que las medidas tendrán "un impacto
probable en la economía" del país, si bien consideró que "están
condenadas al fracaso" y apeló a la tradicional resistencia de los
cubanos ante las continuas adversidades a las que se enfrentan.
En todo caso, este problema surge en un momento de especial fragilidad
en la economía de la isla, donde comienzan a escasear de forma
intermitente alimentos básicos como la harina, el aceite o los huevos,
se acumula la deuda a proveedores extranjeros y la balanza de pagos
permanece en negativo sin solución a la vista.
Por si
fuera poco, Venezuela, principal socio y valedor de La Habana,
experimenta una crisis sin precedentes que podría poner en peligro los
envíos de petróleo subvencionado que aportan a la isla aproximadamente
la mitad de su demanda energética diaria de 130.000 barriles.
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