¡Cuba, sí! ¡Yanquis, no! Las nuevas acciones del
Gobierno estadounidense en contra de la República de Cuba implican una
violación flagrante del derecho internacional y una agresión inaceptable
a la autodeterminación de los pueblos del mundo.
¡Cuba,
sí! ¡Yanquis, no! Las nuevas acciones del Gobierno estadounidense en
contra de la República de Cuba implican una violación flagrante del
derecho internacional y una agresión inaceptable a la autodeterminación
de los pueblos del mundo.
El Congreso de Estados Unidos aprobó la
Ley Helms-Burton en 1996 con el fin de profundizar el embargo comercial
contra Cuba, hundir la economía de la isla y derrocar a Fidel Castro.
Fracasaron. La Revolución cubana sobrevive y cuenta con gran apoyo
popular, aun después de la dimisión de Castro como presidente en 2008 y
su muerte, por causas naturales, en 2016.
Barack Obama reconoció la
derrota de la estrategia intervencionista de Washington y, en 2015, se
reabrieron las embajadas en La Habana y Washington y se permitieron
vuelos comerciales entre Cuba y EE.UU., así como mayores transferencias
de remesas e intercambio comercial.
Pero Donald Trump ha decidido no
solamente suspender la apertura de Obama, sino regresar a los peores
tiempos de la Guerra Fría y la Doctrina Monroe. Ha decidido echar a
andar el Titulo Tercero de la Ley Helms Burton, que permitirá la
presentación de unas 200.000 demandas judiciales en tribunales
estadounidenses en contra de las expropiaciones realizadas después de la
Revolución cubana de 1959.
La ley cubre no solamente propiedades
que eran de estadounidenses en aquel momento, sino también aquellas que
pertenecían a cubanos que después migrarían a EE.UU.
Este título de la ley no había sido aplicado por su evidente
violación del derecho internacional. Imaginemos, por ejemplo, que los
tribunales de México, de repente, permitieran demandas presentadas por
los pueblos indígenas de Texas y California reclamando sus territorios
despojados por los estadounidenses durante la guerra con México entre
1846 y 1848.
¿O qué tal si España decidiera dar entrada a los
juicios de los descendientes del rey Fernando VII reclamando sus
territorios perdidos en la independencia de México?
¿O cómo
reaccionarían los mexicanos si los tribunales de EE.UU., de repente,
decidieran devolver a las empresas petroleras internacionales las
propiedades que tenían antes de la expropiación de Lázaro Cárdenas en
1938?
Ahora bien, Mike Pompeo dice que las nuevas agresiones a
Cuba se justifican por "la opresión brutal del Gobierno cubano a los
derechos humanos y las libertades fundamentales" de su población y por
"el apoyo indefendible [de Cuba] a los regímenes cada vez más
autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua".
Pero quien, en
realidad, viola los derechos humanos y coarta las libertades de los
cubanos no es La Habana, sino Washington con su embargo y sus sanciones.
Hay que ser muy claros.
La activación del Título Tercero de la
Ley Helms-Burton implica nada menos que una invasión jurídica de la isla
caribeña, un intento de expropiación neocolonial de los territorios de
una nación extranjera por Donald Trump.
Más allá de las ideologías y los
importantes debates con respecto al futuro político y económico de
Cuba, la condición 'sine qua non' para el mejoramiento de las
condiciones de vida para todos los habitantes de la isla es el respeto
absoluto a la soberanía nacional, así como el fin de sanciones
internacionales, que solamente generan más sufrimiento para los cubanos
más pobres y vulnerables.
¡Cuba, sí! ¡Yanquis, no!
(*) Doctor en sociología política y doctor en derecho constitucional,
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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