MIAMI.- Las cadenas hoteleras españolas
Barceló e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la francesa Accor son
objeto de demandas colectivas presentadas ante los tribunales de Miami
por lucrar con propiedades expropiadas en Cuba por las autoridades
castristas sin compensación alguna a sus dueños.
El
despacho de abogados Rivero Mestre LLP de Coral Gales (Miami-Dade) se
amparó en el título III de la Ley Helms Burton para presentar estas
cuatro demandas, que también afectan a Trivago GmBh, Expedia y
Booking.com por promover los hoteles propiedad del Estado cubano que son
operados por las cuatro compañías.
Un escueto comunicado de Rivero Mestre LLP señala que las
demandas fueron presentadas este lunes, sin especificar a qué
propiedades incautadas se refieren estas acciones judiciales.
El
mismo despacho ha interpuesto acciones legales contra otras compañías
que hacen negocios en Cuba, incluido el grupo Carnival que, antes de que
el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibiese
los viajes de cruceros a Cuba, tenía barcos que tocaban puertos cubanos
regularmente.
Esta y otras demandas similares ya
presentadas ante la justicia de Miami son posibles gracias a la entrada
en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996.
El
título, que entró en vigor el pasado 2 de mayo por decisión del
presidente Donald Trump, establece que los ciudadanos estadounidenses
que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras el triunfo de la
revolución en 1959 pueden demandar en tribunales de este país a las
empresas que estén sacando beneficio de lo incautado, con vistas a
obtener compensación económica.
Todos los presidentes
estadounidenses anteriores a Trump, empezando por Bill Clinton, que
firmó la ley Helms-Burton en 1996, dejaron desactivado el título III
para no tener problemas en organismos internacionales y otros Gobiernos.
El
título III establece que si se notifica a la compañía que va a ser
demandada treinta días antes de presentar la demanda y ésta no responde
cesando las actividades cuestionadas y compensando a los antiguos
dueños, se pueden obtener compensaciones por daños mucho mayores.
Eso
es lo que hizo Rivero Mestre en mayo pasado con el grupo hotelero
español Meliá por regentar un hotel en Cienfuegos que perteneció a
Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano.
En nombre
de los herederos de Mata Álvarez, en mayo pasado notificaron a Meliá su
intención de demandarla. El plazo de 30 días vence esta semana.
Meliá
está además demandada en los tribunales de Palma de Mallorca (España)
por los herederos de la familia Sánchez Gil, antigua propietaria de un
ingenio de azúcar gigantesco en la provincia cubana de Holguín, con 57
kilómetros de costa, donde hoy se alzan numerosos hoteles pertenecientes
a empresas estatales y operados por cadenas europeas y de otras zonas
del mundo.
Las cadenas hoteleras españolas que operan
en régimen de empresa mixta más de 60 establecimientos propiedad del
Estado cubano están en la mira de familias cubanas a las que la
revolución les confiscó propiedades o negocios y se exiliaron en Estados
Unidos.
El Gobierno español ha transmitido a los
grupos hoteleros presentes en Cuba su apoyo frente a posibles demandas
en EE.UU. bajo el título III de la ley Helms-Burton.
La
Unión Europea, que considera que esa ley contraviene el derecho
internacional, ya adelantó su intención de activar el "estatuto de
bloqueo", que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las
sentencias en EE.UU. sobre el Título III y permite a los demandados
recibir indemnizaciones en cortes europeas.
Según John
Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las
autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos
y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900
millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años
ascenderían a 8.521 millones.
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