LA HABANA.- Cuando el pasado jueves la administración de los Estados Unidos anunciara la aplicación de sanciones contra el general Raúl Castro,
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, por «su implicación en
graves violaciones de derechos humanos», estaría cerrando el círculo
para los dictadores en la Isla, según informa desde la Isla el diario Abc de Madrid.
El panorama actual, con una profunda crisis económica y un actual jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, que carece del carisma y la retórica
para convencer a una población que en seis décadas solo le han ofrecido
promesas, podría complejizar el campo de operaciones políticas para el
régimen de La Habana.
Cubanos encuestados coincidieron en que las sanciones anunciadas contra el general Castro tendrían poco impacto respecto a estimular un
cambio de sistema en el país, sin embargo, consideraron a un mismo
tiempo que la noticia se suma a otras acciones de presión, que se
conjugan para dibujar un episodio inédito en sesenta años.
«El
Departamento [de Estado] designa públicamente, como sancionado, a Raúl
Modesto Castro Ruz […] debido a su implicación en graves violaciones de
derechos humanos» y su apoyo al dictador venezolano, Nicolás Maduro,
anunció en un comunicado el secretario de Estado norteamericano, Mike
Pompeo.
Las sanciones contra el general Castro incluyen la prohibición de ingresar a los Estados Unidos para él y sus cuatro hijos: Deborah; Nilsa; Alejandro y Mariela, estos dos últimos con cargos de poder en la estructura de Gobierno.
Mariela
Castro Espín, diputada del unicameral Parlamento cubano, es directora
del oficialista Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Alejandro
Castro Espín, coronel del Ministerio del Interior y hasta noviembre del
pasado año jefe de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional,
desaparecería de la escena política luego del escándalo desatado por los
presuntos ataques acústicos a las embajadas de los Estados Unidos y
Canadá en La Habana.
«Como primer secretario de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos
y que actualmente mantiene cautivos a más de 100 presos políticos, [y]
es responsable de las acciones de Cuba para sostener al régimen de
Maduro en Venezuela mediante la violencia, la intimidación y la
represión»; ahondó Pompeo en su comunicado.
Esta sanción se suma a
la recogida de firmas –a través de Change.org, plataforma que
actualmente se encuentra bloqueada dentro de la Isla– que exige la destitución inmediata del actual mandatario cubano,
Díaz-Canel; a las demandas contra las aerolíneas American Airlines y
Latam; a las demandas contra las empresas cubanas Cimex S.A. y Unión
Cuba Petróleo (Cupet), y a las sanciones contra cuatro empresas que
transportan petróleo venezolano a Cuba.
La
campaña por la destitución de Díaz-Canel señalaba que, «por más de dos
décadas, Venezuela le había estado regalando a la dictadura
castro-comunista cincuentamil barriles de crudos diarios, que [Cuba]
refinaba y vendía en el mercado internacional».
Empresas sancionadas
El pasado 2 de mayo la corporación Exxon Mobil –antigua Standard Oil– presentó una demanda contra las empresas cubanas Cimex
S.A. y Cupet por tráfico ilícito de bienes confiscados en violación del
Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba,
conocida como Ley Helms-Burton.
Caroil Transport Marine Ltd –con
sede en Chipre–; Trocana World Inc –con sede en Panamá–; Tovase
Development, y Bluelane Overseas S.A., fueron las cuatro empresas sancionadas
por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que «trasladan
petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington».
Las
tres primeras empresas sancionadas están encabezadas por Guillermo
Faustino Rodríguez López-Callejas, hermano del general de brigada Luis
Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro, que dirige el
conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA.
Por su parte, el exiliado cubano José Ramón López Regueiro inició una demanda contra American Airlines y Latam Airlines Group
, alegando que de manera ilegal en el Aeropuerto Internacional José
Martí que el régimen cubano confiscó a su familia tras la revolución de
1959. La demanda, que como resarcimiento podría alcanzar los tres mil
millones de dólares, exige a ambas aerolíneas «dejar de operar sus
aviones de pasajeros y de carga» en esa terminal aérea.
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