MIAMI.- El gigante francés de los
espirituosos Pernod Ricard y la cadena hotelera española Iberostar
fueron demandados en tribunales de Estados Unidos por operar con bienes
nacionalizados por la revolución cubana, según denuncias este viernes.
Pernod Ricard, número dos en
bebidas espirituosas a nivel mundial, está presente desde hace más de 20
años en el país, donde opera una empresa mixta con Cuba Ron S.A.,
destinada a la producción de Havana Club, el más famoso de los rones
cubanos.
La demanda contra la compañía francesa fue interpuesta por
la hija del fundador de Coñac Cueto, empresa confiscada en 1963 por el
gobierno cubano e integrada a la línea de bebidas Havana Club, según la
demandante.
Pernod Ricard dijo que adoptó
"las medidas apropiadas para procesar y derrotar esta solicitud sin
fundamento".
Iberostar, que opera una veintena de hoteles en Cuba,
es demandada por un descendiente del propietario de un edificio en
Santiago de Cuba (sureste), confiscado en 1961 por el gobierno, según la
denuncia. Un hotel del grupo español ahora ocupa ese inmueble.
Ya
procesada bajo esta ley, Iberostar ha anunciado públicamente que las
demandas no perjudican de ninguna manera sus planes de abrir nuevos
establecimientos en la isla.
La información sobre las dos demandas
fue alertada por el Consejo Económico y Comercial EEUU- Cuba,
que ha identificado un total de 23 quejas presentadas en los últimos
meses, al amparo del Título III de la ley estadounidense Helms-Burton,
promulgada en 1996.
Varios grupos importantes, entre ellos Accor,
Amazon, Carnival y American Airlines, ya fueron procesadas, pero algunas
de estas demandas fueron desestimadas por los tribunales
estadounidenses, en particular porque algunos de los querellantes no
pudieron probar que su familia era propietaria del objeto de la queja en
la época de la revolución cubana.
El Título III de la Ley
Helms-Burton, cuya aplicación había sido suspendida por sucesivos
presidentes estadounidenses, entró en vigor en mayo bajo la
administración de Donald Trump, que ha recrudecido el embargo contra la
isla, vigente desde 1962.
Esa norma permite enjuiciar en
tribunales estadounidenses a cualquier persona o empresa que haga
negocios con bienes nacionalizados durante la revolución de 1959, una
definición engañosa que amenaza a los socios extranjeros de la isla.
El
gobierno cubano considera que la ley Helms-Burton es inaplicable debido
a su naturaleza extraterritorial, una opinión compartida por la Unión
Europea, que afirma tener un arsenal legal para contrarrestar esa
legislación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario