Pernod Ricard e Iberostar demandados en EEUU por sus negocios en Cuba

MIAMI.- El gigante francés de los espirituosos Pernod Ricard y la cadena hotelera española Iberostar fueron demandados en tribunales de Estados Unidos por operar con bienes nacionalizados por la revolución cubana, según denuncias este viernes.

Pernod Ricard, número dos en bebidas espirituosas a nivel mundial, está presente desde hace más de 20 años en el país, donde opera una empresa mixta con Cuba Ron S.A., destinada a la producción de Havana Club, el más famoso de los rones cubanos.

La demanda contra la compañía francesa fue interpuesta por la hija del fundador de Coñac Cueto, empresa confiscada en 1963 por el gobierno cubano e integrada a la línea de bebidas Havana Club, según la demandante.

Pernod Ricard dijo que adoptó "las medidas apropiadas para procesar y derrotar esta solicitud sin fundamento".

Iberostar, que opera una veintena de hoteles en Cuba, es demandada por un descendiente del propietario de un edificio en Santiago de Cuba (sureste), confiscado en 1961 por el gobierno, según la denuncia. Un hotel del grupo español ahora ocupa ese inmueble.

Ya procesada bajo esta ley, Iberostar ha anunciado públicamente que las demandas no perjudican de ninguna manera sus planes de abrir nuevos establecimientos en la isla.

La información sobre las dos demandas fue alertada por el Consejo Económico y Comercial EEUU- Cuba, que ha identificado un total de 23 quejas presentadas en los últimos meses, al amparo del Título III de la ley estadounidense Helms-Burton, promulgada en 1996.

Varios grupos importantes, entre ellos Accor, Amazon, Carnival y American Airlines, ya fueron procesadas, pero algunas de estas demandas fueron desestimadas por los tribunales estadounidenses, en particular porque algunos de los querellantes no pudieron probar que su familia era propietaria del objeto de la queja en la época de la revolución cubana.

El Título III de la Ley Helms-Burton, cuya aplicación había sido suspendida por sucesivos presidentes estadounidenses, entró en vigor en mayo bajo la administración de Donald Trump, que ha recrudecido el embargo contra la isla, vigente desde 1962.

Esa norma permite enjuiciar en tribunales estadounidenses a cualquier persona o empresa que haga negocios con bienes nacionalizados durante la revolución de 1959, una definición engañosa que amenaza a los socios extranjeros de la isla.

El gobierno cubano considera que la ley Helms-Burton es inaplicable debido a su naturaleza extraterritorial, una opinión compartida por la Unión Europea, que afirma tener un arsenal legal para contrarrestar esa legislación.

Comienza a puerta cerrada el juicio al opositor y masón cubano José Daniel Ferrer

LA HABANA.- El juicio al opositor y masón cubano José Daniel Ferrer, preso desde hace más de cuatro meses por supuestamente atacar a otro hombre, comenzó este miércoles a puerta cerrada en la ciudad de Santiago de Cuba sin que de momento hayan trascendido detalles de la vista.

Al tribunal solo pudieron acceder familiares directos de Ferrer sin sus teléfonos móviles, indicó por teléfono Ernesto Oliva, miembro de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que lidera Ferrer.

La fuente aseguró desde Santiago, a unos mil kilómetros de La Habana, que el tribunal se encontraba "sitiado" por agentes: "ha habido presencia de la seguridad del Estado por doquier" en el tribunal e "incluso ha habido detenidos", declaró.

En los mismos términos se expresó la disidente Marta Beatriz Roque, también ex presa política y la única mujer encarcelada como parte del "grupo de los 75" condenado a largas penas de prisión durante la ola represiva del 2003, conocida como "Primavera Negra".

Roque, que se encuentra en La Habana, supo de la situación de boca de familiares de Ferrer antes de que éstos entraran al tribunal.

Numerosos familiares y personas cercanas a Ferrer, no contestaron las llamadas o tenían las líneas de sus teléfonos móviles inoperativas.

Encarcelado desde hace más de cuatro meses, el líder de la Unpacu, de 49 años, se enfrenta a los cargos de lesiones, secuestro y atentado, por los que la Fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel.

Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre junto a otros tres activistas opositores -que también son juzgados en la causa que comenzó hoy- y desde entonces permanece en la cárcel por supuestamente haber causado lesiones a un hombre.

Tanto el acusado como su familia aseguran que es inocente y se trata de un cargo inventado, mientras el Gobierno cubano emitió un inusual reportaje especial de televisión para defender la veracidad del caso.

José Daniel Ferrer es uno de los opositores más conocidos fuera de la isla, ya que formó parte del "grupo de los 75" condenados en el año 2003 y liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia Católica y el Gobierno español.

Ferrer fue uno de los doce disidentes que decidió permanecer en Cuba tras su excarcelación. El resto viajó a España y otros países.

Al juicio comenzado hoy han sido citados algunos testigos de la defensa, que será ejercida por un abogado de oficio quien, según la familia de Ferrer, "olvidó" comunicarles la fecha y hora del juicio hasta la víspera.

Junto al líder de Unpacu también son enjuiciados los disidentes Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la misma organización y para quienes la Fiscalía pide 8 años de cárcel, para los dos primeros, y de 7 años en el caso del tercero, de acuerdo con su portavoz, Carlos Amel Oliva.

Los familiares de Ferrer han expresado en varias ocasiones su escepticismo sobre el juicio, al considerar que el tribunal está politizado a favor de las autoridades y no se producirá un veredicto justo.

La última visita de sus parientes a la prisión de Aguadores fue el pasado 14 de febrero, se prolongó dos horas y el disidente se encontraba "animado y había adelgazado", según comentó su hijo.

En la Primavera Negra Ferrer ya fue condenado a 25 años de cárcel por ser uno de los promotores del Proyecto Varela, liderado por el fallecido disidente Oswaldo Payá, y tras cumplir 8 de ellos salió con una licencia extrapenal en 2011. Ese tipo de licencia no implica la condonación de la pena.

Su detención en octubre pasado provocó fuertes reacciones en el exterior. Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) e instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) han solicitado la liberación de Ferrer.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, advirtió este miércoles en Twitter de que esa institución "estará siguiendo lo que sucede hoy en el juicio" de Ferrer y de que reaccionará "en consecuencia a lo que pase".

Hace dos días el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también urgió al Gobierno cubano a liberar "inmediatamente" al disidente alegando que está preso "de forma injusta".

Una jueza de EE.UU. aparta a 'Meliá' de una demanda por su uso de hoteles en Cuba

MIAMI.- La cadena hotelera española Meliá fue apartada de una demanda presentada en un tribunal de Estados Unidos por operar hoteles en Cuba que fueron expropiados hace casi 60 años tras la decisión de los demandantes de concentrar temporalmente sus esfuerzos en las compañías estadounidenses demandadas.

La jueza de la corte del distrito sur de Florida Cecilia M. Altonaga decidió apartar a Meliá de la causa, junto con la plataforma de búsqueda de plazas hoteleras Trivago y las cubanas Gran Caribe, Cubanacán y el Grupo Gaviota, que controlan los militares de la isla, según documentos judiciales.

La petición surge de una petición inicial de los propios demandantes de apartar a las entidades extranjeras para poder centrarse en las plataformas de internet estadounidenses Expedia y Booking.

Andrés Rivero, de la firma de abogados de Miami Rivero Mestre LLP, que representa a los demandantes, aseguró este viernes que se trató de un movimiento de su "estrategia legal" para no "demorar" el proceso, debido a las complicaciones agregadas que supone tratar con entidades extranjeras.

Sin embargo, adelantó, en caso de que avance su petición contra Expedia y Booking, podrían "ampliar" de nuevo el alcance de los demandados, ya que tienen el "derecho de reactivar" la opción de Meliá y las entidades cubanas en un futuro "muy próximo".

Rivero rechazó de que se trate de ningún triunfo legal de Meliá y las corporaciones cubanas, pues es una "formalidad" por su parte y la jueza ya rechazó anteriormente su petición de desestimar la demanda.

Por eso mismo, les recomendó que "no se duerman" y que en "cualquier momento están de nuevo en la misma guerra".

La cadena hotelera fue incluida el 11 de septiembre pasado en una demanda colectiva entablada al amparo del Títlo III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución demandar en EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.

La demanda colectiva, presentada originalmente en junio de 2019 por Rivero Mestre LLP, incluye a un buen número de ciudadanos estadounidenses, entre ellos Marisela Mata y Bibiana Hernández, quienes alegan que sus propiedades en Cuba fueron expropiadas por "la dictadura castrista" y luego explotadas por las compañías demandadas.

Esta y otras demandas similares ya presentadas ante la Justicia en Miami son posibles gracias a la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996.

El Título III está vigente desde el 2 de mayo de 2019 por decisión del presidente Donald Trump, después de que todos sus predecesores, empezando por Bill Clinton, que firmó la ley Helms-Burton, lo dejaron desactivado para no tener problemas en organismos internacionales y otros Gobiernos.

Según la página web de la compañía, Meliá gestiona 38 hoteles en Cuba, emplazados en grandes destinos turísticos como Cienfuegos, Cayo Coco, Varadero, principal destino de sol y playas, La Habana y Santiago de Cuba.

Rivero recordó que las únicas dos decisiones judiciales hasta la fecha relacionadas con el Título III de la Ley Helms-Burton han sido en tribunales de Miami y las dos fueron "favorables" a los demandantes en sus reclamos contra la empresa de cruceros Carnival por el uso de puertos cubanos.

Exiliados demandan a 'Trivago' por 'tráfico' de su ex propiedad hotelera cubana en Cienfuegos

MIAMI.- Una familia de exiliados cubanos demandó a una unidad de Expedia Group Inc., en busca de compensación por una propiedad hotelera que fue confiscada cuando Fidel Castro tomó el poder. Es una de las más recientes demandas presentadas —entre varias— desde que Donald Trump cambió drásticamente un cuarto de siglo de la práctica presidencial de Estados Unidos.

La familia Mata, de Miami, alega que la filial de Expedia, Trivago GmbH, actúa como plataforma de reserva en línea para su antiguo hotel familiar en Cienfuegos, el Hotel San Carlos. 

Trivago ha estado ganando comisiones, honorarios y otras remuneraciones de negocios que involucran a San Carlos, según la denuncia. La familia está demandando por "tráfico ilegal de sus propiedades y por una justa indemnización para ellos mismos y para una clase de personas en situaciones similares".

Los Mata afirman que Trivago hizo lo mismo con "decenas de propiedades" como San Carlos, y el bufete de abogados Rivero Mestre LLP está tratando de obtener un estatus de demanda colectiva. 

La denuncia indica que la familia Mata ha notificado a otras entidades de Expedia, entre ellas la empresa matriz, así como también a la competencia Booking Holdings Inc. y su filial Booking.com BV, sobre la intención de agregarlos como demandados.

Esto sucederá "si no compensan rápidamente a los herederos de Mata y a todo el grupo por el tráfico ilegal de sus propiedades", según la demanda.

Expedia se negó a comentar sobre la demanda, citando una política de confidencialidad sobre los litigios pendientes. Booking Holdings no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los exiliados ya tienen como blanco a Carnival Corp., la compañía de cruceros con sede en Miami que había comenzado a ofrecer viajes a la isla y que supuestamente usaba muelles "traficados" e infraestructura portuaria. 

Otra demanda de los mismos denunciantes en la de Expedia, Marisela Mata y Bibiana Hernández, está dirigida a las compañías que operan el hotel de su familia.

Las acusaciones no significan que los propios acusados hayan desempeñado algún rol en la incautación de la propiedad. Indefectiblemente no lo tuvieron.