LA HABANA.- El sábado 23 de febrero, justo un día antes del referendo popular para las reformas constitucionales implantadas por el Partido Comunista (PCC), la provincia de Guantánamo amanecía militarizada por elementos conjuntos de las Fuerzas Armadas (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint), revela hoy el diario ABC, de Madrid desde la Isla.
Residentes de esta oriental provincia cubana, la más azotada por el agravamiento de la actual crisis financiera que atraviesa la isla, supusieron que este despliegue policial y militar tenía como propósito disuadir de cualquier manifestación de protesta masiva previa al referendo, similar a la acontecida esa misma tarde en las calles de La Habana.
Sin embargo, el jurista independiente Roberto Jesús Quiñones,
quien regresaba desde la provincia de Cienfuegos por la noche, informó
de que en el autobús que cubre la ruta entre ambas provincias, efectivos
de las FAR conocidos como «boinas negras» no permitieron el acceso a
los ciudadanos no residentes en Guantánamo.
En la mañana del domingo, vecinos de Caimanera
confirmarían a Quiñones que, desde dos días antes, «el poblado estaba
tomado militarmente y alrededor de 150 personas se encontraban detenidas
en la unidad de policía del municipio, quienes fueron apresados luego
de burlar el sistema de control de pases establecido».
Las
causas de la militarización se debieron a rumores de que el Gobierno de
los Estados Unidos permitiría el acceso a la Base Naval norteamericana de Guantánamo
, situada justo al lado de Caimanera, a todos los ciudadanos cubanos que quisieran emigrar.
Ángel
Miguel, seudónimo de un vecino de esta localidad que por temor a
represalias pidió no ser identificado con su nombre real, confirmó que
la oleada de jóvenes procedentes de distintos territorios del país para
intentar acceder a la provincia no se ha detenido.
«Todos los días
Caimanera amanece con noticias de personas arrestadas intentado burlar
el cerco militar para llegar hasta la Base Naval, y también continúa la
restricción de acceso a toda la provincia para aquellos que no sean
residentes», aseguró Ángel Miguel, quien además confirmó que había sido
contactado por al menos tres periodistas independientes que tenían
intención de llegar hasta el territorio con el propósito de cubrir la
noticia in situ.
«Pero ninguno pudo lograr entrar a Guantánamo. Me llamaron para decirme que, en el punto de control de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) en la autopista, a la entrada de la ciudad, les negaron el acceso después de comprobar sus nombres en un listado», hecho que confirma la intención del régimen de prohibir a los medios de prensa independientes corroborar la veracidad sobre un posible éxodo masivo de cubanos hacia la Base Naval.
Miembros
de organizaciones opositoras en Guantánamo, como la Unión Patriótica de
Cuba (Unpacu) y la Alianza Democrática Oriental (ADO) coincidieron en
que el hostigamiento contra los activistas también se acrecentó desde
finales del mes de febrero.
Resulta sumamente llamativo que el régimen cubano, un mes después de militarizar la zona de Caimanera y extender el bloqueo a toda la provincia de Guantánamo, no haya desmentido los rumores atribuidos a los anuncios de una emisora extranjera. Para un régimen que a lo largo de seis décadas se ha caracterizado, en su agenda y retórica políticas, por acusar a Washington de estimular la emigración cubana, ha decidido guardar silencio sobre un inminente éxodo masivo en perjuicio de los ciudadanos de la isla.
Tal es el caso de los catorce jóvenes que actualmente permanecen en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario en Guantánamo, acusados de «violar el perímetro de seguridad» y de «desobediencia».
Argelio Lechuga, Yorie Céspedes, Daniel Manuel Estrada Gorra, Rafael Vadari Sánchez Ruíz, residentes en Guantánamo; Roinel Espinosa y Adonis Domínguez, de Holguín; Amari Martínez, Yordanis Ramírez, Yasiel Galván, Aniel Martel, Lázaro Valdez, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García y Yasmani Marcelino Mendoza, de Cienfuegos, son los nombres de los jóvenes encarcelados.
Resulta sumamente llamativo que el régimen cubano, un mes después de militarizar la zona de Caimanera y extender el bloqueo a toda la provincia de Guantánamo, no haya desmentido los rumores atribuidos a los anuncios de una emisora extranjera. Para un régimen que a lo largo de seis décadas se ha caracterizado, en su agenda y retórica políticas, por acusar a Washington de estimular la emigración cubana, ha decidido guardar silencio sobre un inminente éxodo masivo en perjuicio de los ciudadanos de la isla.
Tal es el caso de los catorce jóvenes que actualmente permanecen en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario en Guantánamo, acusados de «violar el perímetro de seguridad» y de «desobediencia».
Argelio Lechuga, Yorie Céspedes, Daniel Manuel Estrada Gorra, Rafael Vadari Sánchez Ruíz, residentes en Guantánamo; Roinel Espinosa y Adonis Domínguez, de Holguín; Amari Martínez, Yordanis Ramírez, Yasiel Galván, Aniel Martel, Lázaro Valdez, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García y Yasmani Marcelino Mendoza, de Cienfuegos, son los nombres de los jóvenes encarcelados.
El
Código Penal cubano sanciona la «salida ilegal del territorio nacional»,
en sus artículos 216 y 217, con penas de hasta tres años de cárcel para
aquel que, «sin cumplir las formalidades legales, salga o realice actos
tendentes a salir del territorio nacional», y de hasta cinco años para
el que «organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del
territorio nacional».
Yulieth Yero y Lisbeth Téllez, esposas de Rafael y Daniel Manuel respectivamente, relataron que sus esposos habían logrado llegar hasta la Base Naval, donde fueron atendidos por las autoridades militares estadounidense, quienes les proveyeron, antes de ser devueltos al territorio cubano, de un salvoconducto con la petición de no detener a los portadores y, según los acuerdos migratorios vigentes, fueran entrevistados por funciones consulares estadounidenses.
Ambos jóvenes fueron despojados de los salvoconductos y encerrados en prisión preventiva para ser procesados penalmente.
El testimonio de familiares de los jóvenes cienfuegueros Jesús Miguel Aguilar y Aniel Martel reveló que sus hijos han sido amenazados para que no denuncien las palizas que han recibido desde su arresto y posterior encarcelamiento.
«Quieren hacer de nuestros hijos un caso ejemplarizante, para asustar a otros jóvenes y evitar que se sientan estimulados ante rumores similares en el futuro. Si el Gobierno cubano hubiese desmentido el rumor a tiempo, no estarían siendo juzgados», concluyó Edil Aníbal Martel, padre de Aniel.
Yulieth Yero y Lisbeth Téllez, esposas de Rafael y Daniel Manuel respectivamente, relataron que sus esposos habían logrado llegar hasta la Base Naval, donde fueron atendidos por las autoridades militares estadounidense, quienes les proveyeron, antes de ser devueltos al territorio cubano, de un salvoconducto con la petición de no detener a los portadores y, según los acuerdos migratorios vigentes, fueran entrevistados por funciones consulares estadounidenses.
Ambos jóvenes fueron despojados de los salvoconductos y encerrados en prisión preventiva para ser procesados penalmente.
El testimonio de familiares de los jóvenes cienfuegueros Jesús Miguel Aguilar y Aniel Martel reveló que sus hijos han sido amenazados para que no denuncien las palizas que han recibido desde su arresto y posterior encarcelamiento.
«Quieren hacer de nuestros hijos un caso ejemplarizante, para asustar a otros jóvenes y evitar que se sientan estimulados ante rumores similares en el futuro. Si el Gobierno cubano hubiese desmentido el rumor a tiempo, no estarían siendo juzgados», concluyó Edil Aníbal Martel, padre de Aniel.
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