MADRID.- Con apenas 14 años, el pontevedrés Raúl Lesteiro desembarcó a principios del siglo XX en Cuba,
una tierra entonces llena de oportunidades. Allí prosperó, se hizo con
unos terrenos junto a la playa en La Habana y llegó a dirigir la
destilería El Infierno, en Sagua la Grande, una de las grandes
productoras de ron de la isla. Antes de que triunfara la revolución, se
marchó a Estados Unidos, pero no pudo evitar que a partir del 1 de enero
de 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, su
patrimonio fuera expropiado por el nuevo régimen. Como él, miles de
cubanos, españoles y ciudadanos de otras nacionalidades
perdieron de un plumazo el fruto de una vida de esfuerzo, recuerda hoy el diario Abc.
El pasado 2 de mayo la Administración de Donald Trumplevantó la suspensión de una parte de la llamada ley Helms-Burton que permite a los estadounidenses llevar a los tribunales a empresas que se beneficien de bienes confiscados por el castrismo, algo que puede afectar a grandes grupos hoteleros españoles .
Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Unión Europea han salido en su defensa
, pero ni uno ni otra se acuerdan ya de los expoliados.
En el caso de los españoles, el asunto se trató de zanjar con un convenio bilateral que empezó a negociarse bajo el gobierno de Adolfo Suárez y que se firmó en La Habana
el 16 de noviembre de 1986, ya con Felipe González al frente del
Ejecutivo.
En el acuerdo, Cuba se comprometía a pagar a España 5.416 millones de pesetas (unos
32,5 millones de euros) «como liquidación y finiquito de la
indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de
las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han
resultado afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el
Gobierno de la República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la
fecha de la firma del presente convenio, ambas inclusive».
De esa
cantidad, un tercio se abonaría en metálico y el resto en especie, a
base de productos como tabaco, azúcar o camarones. Más de 3.000
españoles serían indemnizados.
Sin embargo, muchos estimaron que las cantidades fijadas se quedaban lejos de su valor real, en torno a la quinta parte de lo que les correspondía. Otros se quedaron sin nada porque ni siquiera se enteraron de que se estaba elaborando una lista.
El Tribunal Supremo
confirmó en 2003 y 2004 la validez del convenio, pero también indicó que
no extingue el ejercicio del «hipotético derecho de los particulares a
recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización,
planteando, a tal efecto, la correspondiente reclamación ante el actual
o ante un posterior Gobierno cubano».
Los magistrados aclaran que
hablan de «hipotéticos derechos» porque «mientras el actual régimen
político cubano subsista es de todo punto inimaginable que una
pretensión resarcitoria de los afectados pueda prosperar, siendo por
ello algo fuera de la realidad, contrario a la naturaleza de las cosas,
pensar que se pueda obtener un resultado mejor al conseguido después de
tantos años de negociaciones, máxime si tenemos en cuenta la situación
económica actual de la República de Cuba, sin visos de recuperación a
corto plazo».
Sin embargo, más de tres décadas después de aquel
convenio hispano-cubano, cientos de familias españolas siguen anhelando
recuperar lo que la dictadura castrista les arrebató. Una empresa
privada,
1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, lleva años agrupando a víctimas españolas del expolio cubano y
tratando de darles esperanzas. En lugar de acudir a la vía judicial, su
estrategia es recopilar por ahora la documentación que acredite la
propiedad o la herencia de los bienes y hacer las gestiones oportunas
para que, llegado el momento, Cuba las devuelva.
El director general de
la compañía, Jordi Carabarrocas, explica, tras estudiar
40 casos similares en otros países, que en un 90% se acababa
devolviendo lo incautado a sus legítimos dueños. «En un momento cercano
de la historia, Cuba entrará en ese camino de la reversión» de las
expropiaciones, apunta convencido.
Trump «tira del carro»
Hasta ahora, 1898 CRP ha reunido a 450 familias españolas,
de ellas medio centenar residentes en EE.UU., aunque cree que podría
haber 3.000 en total, con bienes confiscados por valor de 30.000
millones de dólares. Según Cabarrocas, aunque los españoles no puedan
acogerse a la ley Helms-Burton, la última medida de Trump las beneficia
indirectamente, porque EE.UU. «tira del carro» y «a corto o medio plazo
va a paralizar cualquier inversión en Cuba», lo que forzaría la
reversión.
De hecho, Cabarrocas se embarcó en esta iniciativa como una
oportunidad de negocio. Asegura que la empresa ha invertido millones de
euros en gestiones que confía en recuperar, ya que percibiría un 30% de
los bienes que recobre cada familia.
Entre quienes han acudido a 1898 CRP hay posibles herederos de Raúl Lesteiro. «España negoció muy mal», lamenta Elena Cáceres Senn,
su nieta política. A su juicio, el Gobierno fue «más protector de las
relaciones diplomáticas que de los ciudadanos», critica en su domicilio
del barrio de Prosperidad de Madrid.
Mientras, muestra a Abc un
documento del Registro de La Habana que reconoce a su pariente como
propietario de 17.549 m2 en la playa de Santa María del Mar, hoy
ocupados por el Hotel Gran Caribe Club Atlántico. Según señala, los
inmuebles confiscados incluyen un gran caserón en la capital cubana.
Raúl
Lesteiro, que murió en 1963 en Madrid, no entró en el listado del
convenio porque en el momento de la expropiación había adquirido la
nacionalidad cubana y, además, había desaparecido la documentación, que
ahora se está rastreando. En todo caso, «más allá del dinero, es un tema
de justicia y de cerrar una página de la historia familiar», sostiene
Cáceres.
El
Gobierno español considera que las reclamaciones sobre bienes
expropiados son ya, al menos en lo que se refiere a conflicto entre
Estados, un caso cerrado
. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores señalan a Abc que
el planteamiento norteamericano, con la «imposición de una ley más allá
de las fronteras -en referencia al Título III de la ley Helms Burton- no
es homologable al planteamiento europeo», basado en la negociación de
un acuerdo para establecer una indemnización.
«Cuba y España
cerraron un acuerdo de Estado a Estado que establecía una indemnización
para los afectados en 1986 cuya reapertura está fuera de lugar», recalca
Exteriores. En este sentido, señala, «cualquier reclamación que se
plantee tendrá que ser, exclusivamente, a nivel particular».
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