LA HABANA.- Agricultores estadounidenses y empresarios del sector han vendido
cerca de 6.000 millones de dólares en aves de corral, soja, maíz y otros
productos a Cuba desde 2001, bajo una excepción al embargo comercial de
Washington que permite ventas a la isla pagando en efectivo, que ayudan
a aliviar la escasez local.
Sin embargo, este mes, Washington
permitió que una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996 entrara
en vigor, en consonancia con el aumento de la presión política sobre
Venezuela y Cuba.
El Título III de la ley de sanciones contra
Cuba, suspendida por presidentes anteriores, establece que cualquier
persona cuya propiedad haya sido nacionalizada tras la Revolución de
1959, incluso si no era ciudadana estadounidenses en ese momento, puede
demandar a cualquier individuo o compañía que se beneficie de sus
antiguas propiedades en la isla.
Bajo el sistema actual de
importaciones a Cuba, un exportador estadounidense contrata ventas con
Alimport, importador estatal cubano, que luego emite una carta de
crédito de un banco de un tercer país. Cuando la empresa estadounidense
recibe el dinero cubano a través del banco, entrega los alimentos a
dicha compañía del país caribeño.
Un banquero occidental, que al
igual que otros empresarios y diplomáticos entrevistados pidió el
anonimato, dijo que los abogados de instituciones financieras
desconfiaban cada vez más de aprobar transacciones en Cuba, incluso si
sus clientes no estaban infringiendo las sanciones.
“Los desafíos
crecientes de obtener cartas de crédito para exportar alimentos a Cuba
son un fuerte indicador de que el Congreso estadounidense debe actuar
para proteger el comercio agrícola del título III”, dijo Paul
Johnson, presidente de la Coalición Agrícola Estados Unidos para Cuba.
Los
esfuerzos del presidente Donald Trump para presionar a La Habana para
que abandone su apoyo al líder izquierdista de Venezuela, Nicolas
Maduro, han aumentado los problemas económicos en la isla con la
disminución de las importaciones de alimentos desde Estados Unidos que
podría empeorar la escasez actual.
Alimport dijo recientemente a
algunos exportadores estadounidenses de alimentos a Cuba que los
contratos pendientes deberían cumplirse antes del 27 de mayo, sin pedir
nuevos envíos, como suele ocurrir. Alimport no proporcionó ninguna
explicación para el movimiento.
Entre tanto, las autoridades cubanas no respondieron a una solicitud de comentarios sobre esta historia.
Un
diplomático europeo dijo que algunos bancos estaban empezando a pedir
ver los títulos de propiedad antes de acordar financiar proyectos con
Cuba, tras la activación del Título III.
El Banco Nacional de
Canadá facilita gran parte del comercio de alimentos de Estados Unidos,
según los exportadores estadounidenses, porque no hay relaciones
bancarias entre Washington y La Habana debido al embargo comercial.
El
banco canadiense está nervioso porque podría ser demandado si los
barcos descargan en puertos que se encuentran en propiedades
nacionalizadas, según dos fuentes de negocios occidentales que conocen
los servicios financieros de la isla.
Carnival Corp ya está recibiendo demandas por atracar en puertos de La Habana y Santiago de Cuba.
“He
oído que el Banco Nacional de Canadá quiere asegurarse ahora de que
cuando se entreguen los alimentos de Estados Unidos el área del puerto
no sea una propiedad nacionalizada, lo cual puede ser un problema para
los cubanos”, dijo uno de los empresarios.
Jean-Francois Cadieux,
portavoz del Banco Nacional de Canadá, dijo en un correo electrónico
que las preocupaciones sobre su cese en la emisión de cartas de crédito
eran inexactas.
Cuando se le preguntó si el Banco Nacional de
Canadá estaba observando de cerca los puertos, Cadieux solo dijo: “los
procesos sólidos se aplican a todas nuestras actividades”.
Según
diplomáticos, abogados y hombres de negocios occidentales, el gobierno
de Cuba se niega a dar escrituras de tierras anteriores a la
expropiación de la mayoría de las propiedades privadas en la década de
1960.
Cuba insiste en que estos hechos son discutibles pues las
nacionalizaciones y confiscaciones que tuvieron lugar después de la
Revolución de 1959, se llevaron a cabo de acuerdo con leyes
internacionales y cubana.
La Habana sostiene que ofreció una
compensación a algunos cubanos y pagó a nacionales de todos los demás
países, excepto Estados Unidos, que en lugar de negociar aplicó un
embargo comercial e intentó derrocar al Gobierno.
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