LA HABANA.- Los Reyes de España llegarán a Cuba
en medio de una oleada de hostigamientos, represiones violentas,
encarcelamiento y prohibiciones de viajes al extranjero contra la
oposición, activistas pro derechos humanos, artistas y periodistas
independientes. Un panorama al cual no tendrán acceso Sus Majestades
cuando arriben a la isla el próximo 11 de noviembre, para una visita de Estado de tres días, según escribe el corresponsal del periódico Abc, de Madrid.
El recién designado presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
mintió el pasado mes de octubre ante una representación de cubanos
residentes en Irlanda cuando aseguró que, en la isla, «a nadie se le
persigue por estar o no con la revolución».
La desaparición de José Daniel Ferrer
, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), así como la
persecución y hostigamiento contra decenas de miembros de esta
organización opositora en el país; las represiones violentas contra
miembros de las Damas de Blanco; lo reiterados secuestros contra el
artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara -líder del Movimiento San
Isidro-, la escritora Nancy Alfaya Hernández, y la periodista
independiente Iliana Hernández, son ejemplos simbólicos de la actuación
de la Seguridad del Estado contra la sociedad civil en la isla, y que
contradicen las afirmaciones de Díaz-Canel.
Nelva Ismarays Ortega Tamayo,
la esposa de José Daniel Ferrer, sería arrestada el pasado 25 de
octubre junto a sus hijos, por exigir una prueba de vida e información
sobre el paradero del líder opositor al cumplirse veinticuatro días de
su secuestro por elementos de la policía política en Santiago de Cuba.
Las
autoridades de Justicia del régimen han negado a José Daniel Ferrer el
recurso de «habeas corpus», una violación a la recién reformada
Constitución cubana donde su Artículo 96 establece que, «quien estuviere
privado de libertad ilegalmente tiene derecho, por sí o a través de
tercero, a establecer ante tribunal competente procedimiento de Habeas
Corpus, conforme a las exigencias establecidas en la ley».
El
centro de información legal Cubalex publicó, a finales de octubre
pasado, cifras de activistas represaliados por el régimen donde se
revela que, en los últimos dos años «1.879 activistas en el país
sufrieron agresiones, la mayoría mujeres».
Cubalex también se refirió a
que en 2019 aumentaron los índices de hostigamiento y represión contra
periodistas independientes, puntualizando el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces, «condenado a un año de prisión por desacato a las autoridades, luego de ser golpeado por la policía».
La
condena a un año de cárcel, también por un presunto delito de
«desacato», contra el biólogo Ariel Ruiz Urquiola llevó al Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos
en la ONU, a otorgar al régimen cubano seis meses de plazo para conceder
una compensación adecuada al biólogo, incluida su liberación
incondicional inmediata. El régimen no ha concedido respuesta alguna al
respecto.
En represalia, su hermana, Omara Isabel Ruiz Urquiola,
fue despedida en julio pasado como profesora auxiliar en el Instituto
Superior de Diseño (ISDI) bajo justificaciones «presuntamente
administrativas, que no solo omitían su trabajo y aportaciones
investigativas, sino con mentiras, omisiones de mi trabajo docente e
informaciones tergiversadas», según denunció ella misma.
Habaneros
preguntados sobre las declaraciones de Díaz-Canel -«[…] nosotros por
política y por sentimientos no excluimos a nadie […]»- coincidieron en
que el gobernante cubano miente a sabiendas y en que el aumento de la
represión policial en las calles «no tiene precedentes».
Grave crisis económica
Las
represiones y el aumento de la presencia de elementos de la Policía en
las calles no solo son para coartar a opositores, sino «contra la
sociedad civil en general», concordaron los habaneros en referencia al
hostigamiento, en ocasiones violentos, que se cometen contra el sector
privado en el país, denunciados diariamente a través de las redes
sociales en la isla.
Estas represiones en aumento contra la
población civil, que incluye fuerte presencia policial en colas de
mercados, tiendas, paradas de autobús y gasolineras del país, van en
paralelo a una grave crisis económica y financiera que el presidente de la República, Díaz-Canel, ha insistido en catalogar de «coyuntural».
Cuando el próximo 11 de noviembre Don Felipe y Doña Letizia den inicio a una visita de Estado
que dará oxígeno y servirá de propaganda al régimen, probablemente no
serán informados por las autoridades sobre el aumento vertiginoso de
muertes bajo custodia policial; muertes de reclusos por desatención
médica; muertes de menores de edad por negligencia médica, como el
reciente caso de la menor Paloma Domínguez Caballero, quien falleció el
pasado 9 de octubre, apenas setentaidos horas después de haber sido
vacunada triple viral PRS.
Tampoco a los Reyes les será
proporcionado el informe de Cuban Prisioners Defenders, publicado en
octubre pasado, que incluyó a ocho nuevos condenados políticos -para
llegar a la cifra, en 2019, de 127- por oposición al régimen.
«[…]
en Cuba no todo el mundo es revolucionario, ni todo el mundo está con
la revolución y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución
[…]», dijo Díaz-Canel en Dublín. Habría que esperar a si Sus Majestades,
al menos, serían capaces de cuestionar al mandatario cubano de ajustar
sus palabras a la realidad de lo que acontece a lo largo de Cuba.
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