MADRID.- El Gobierno ha comunicado a las empresas españolas con intereses en Cuba
que va a rechazar las reclamaciones judiciales que lleguen de Estados
Unidos por la ley Helms-Burton.
Los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Industria convocaron
el miércoles a 16 compañías afectadas por el conflicto, según revela hoy el diario El País.
En virtud de un
reglamento europeo que deja sin efecto las resoluciones de juzgados que
hagan efectiva esa ley, el Gobierno dará por no recibidas las
notificaciones de demandas o citaciones contra compañías españolas, tanto si estas se dirigen directamente a las afectadas o si van a los juzgados españoles o al Ministerio de Justicia.
Hace tiempo que la patronal había pedido al Gobierno ayuda
en un conflicto que puede tener un coste millonario para hoteleras,
bancos, empresas de viajes y otras compañías asentadas en Cuba.
La
Administración de Donald Trump desató el conflicto el pasado mayo,
cuando decidió que entrara en vigor una norma [la ley Helms-Burton] que
llevaba en suspenso desde su aprobación en 1996. Según esta, cualquier
ciudadano de origen cubano puede reclamar ante la justicia de Estados
Unidos propiedades que le fueron confiscadas a raíz de la revolución
castrista de 1959.
Ahora, el Gobierno español ofrece a las empresas una vía que permite
la legislación europea en decisiones que se consideren que supongan un
menoscabo para su soberanía. Entre las convocadas por la Secretaría de
Estado de Comercio estaban Iberostar, Meliá, BBVA, el despacho de
Garrigues y la CEOE, según fuentes empresariales.
El Estatuto de Bloqueo de la UE rechaza los efectos de la ley
Helms-Burton en cualquier Estado miembro. Se aprobó en 1996, el mismo
año de la adopción de la ley de EE UU, para proteger a los operadores de
la UE de la aplicación extraterritorial de la legislación de terceros
países.
Con este reglamento, la UE deja sin reconocimiento la aplicación
extraterritorial de una legislación cuyos efectos considera contrarios
al derecho internacional. El Gobierno español se basa ahora en ese
reglamento nunca antes utilizado para dar una respuesta a sus empresas.
La norma europea protege a los operadores de la UE mediante dos
mecanismos: permite anular el efecto de cualquier resolución judicial
extranjera basada en la ley Helms-Burton y abre la vía a que las
empresas afectadas obtengan reparación judicial por los daños derivados
de la aplicación extraterritorial de esta legislación.
La CEOE ya se había dirigido a la patronal europea, Business Europe,
para reclamar el apoyo de la Unión Europea. También había recurrido a
los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Industria y
Presidencia, así como a la embajada de Estados Unidos en Madrid y las
embajadas de España en Washington y La Habana.
En mayo, Estados Unidos decidió que entrara en vigor el título 3 de
la ley Helms-Burton, suspendido por todos los presidentes de EE UU desde
1996 en una decisión que agotaba un último cartucho para ahogar al
régimen cubano.
Las sucesivas Administraciones estadounidenses
impidieron durante las dos últimas décadas su entrada en vigor para no
dinamitar las relaciones con un socio de la envergadura de la UE. Hasta
que llegó Trump.
Tras esta decisión, la UE avisó de que tomaría represalias para
defender los derechos de sus empresas. El pasado mes de mayo, la
entonces alta representante de Política Exterior y Defensa de la UE,
Federica Mogherini, dijo que los Veintiocho recurrirían a “todas las
medidas adecuadas”, incluido el recurso a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y el blindaje de sus compañías mediante el Estatuto de
Bloqueo de la UE.
La aplicación del título 3 de la ley aprobada en 1996, dijo entonces
la jefa de la diplomacia europea, implica una “violación de los
compromisos asumidos” entre Estados Unidos y la UE en 1997 y 1998. La
legislación estadounidense amenaza especialmente los intereses de
empresas españolas, sobre todo hoteleras, con actividad en Cuba.
Un conflicto latente
Poco después de desatarse la crisis con Estados Unidos, la ministra
española de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, viajó a
Cuba. Allí, Maroto se reunió con representantes de la industria
turística española, con importante presencia en el país, y a los que la
entrada en vigor de la ley Helms-Burton castigaba especialmente.
En
Varadero, la ministra visitó cadenas hoteleras españolas con presencia
en esa zona. En noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
también visitó la isla, donde inauguró un foro empresarial en el hotel
Gran Packard, gestionado por la cadena española Iberostar, incluida por
EE UU en su lista negra de entidades de la isla.
El gran riesgo que implica el paso dado por el Gobierno de Trump es
que desencadene un alud de reclamaciones judiciales a ambos lados del
Atlántico. En su momento, el Gobierno estadounidense estimó que
reactivar el título 3 de la ley Helms-Burton abriría la puerta a unos
200.000 casos, según informaba Reuters el pasado mes de abril. Las
demandas presentadas, hasta mayo inactivas porque la norma no estaba en
vigor, rondaban entonces las 6.000.
Un anuncio a pocos días del viaje de los reyes
La decisión del Gobierno español de no atender las reclamaciones de
Estados Unidos contra empresas españolas con intereses en Cuba llega
días antes del polémico viaje de los reyes españoles a la isla, del 11 al 14 de
noviembre. El Gobierno ya ha mantenido reuniones con responsables de las
grandes empresas españolas con intereses en Cuba para preparar este
viaje.
La visita de Felipe VI, que se celebrará al día siguiente de las elecciones generales en España, se debe a la celebración de quinto centenario de la fundación de La Habana y su anuncio fue recibido como una “buena noticia” por los empresarios con intereses en la isla caribeña.
“Es la mejor noticia que nos podían dar”, declaró a la agencia Efe Xulio Fontecha, presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, hace unas semanas, tras el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ya en noviembre pasado estuvo en Cuba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La visita de Felipe VI, que se celebrará al día siguiente de las elecciones generales en España, se debe a la celebración de quinto centenario de la fundación de La Habana y su anuncio fue recibido como una “buena noticia” por los empresarios con intereses en la isla caribeña.
“Es la mejor noticia que nos podían dar”, declaró a la agencia Efe Xulio Fontecha, presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, hace unas semanas, tras el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ya en noviembre pasado estuvo en Cuba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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