MIAMI.- Cuenta atrás para las empresas españolas en Cuba. Melià, Iberostar y Barceló están a un paso de tener que defenderse en los tribunales de Miami. La próxima semana empiezan a caducar los plazos, unos treinta días, que tenían para presentar alegaciones o llegar a un acuerdo con los demandantes de origen cubano, que les reclaman dinero por enriquecimiento ilícito en sus antiguas propiedades, confiscadas por el gobierno castrista en 1959, según recuerda La Vanguardia, de Barcelona.
Donde se cuece esta ofensiva legal sin precedentes es en el
despacho Rivero Mestre. En la planta número diez de un edificio moderno
de oficinas con ventanales acristalados, Ana Malave, abogada de origen
venezolana es la que coordina las demandas colectivas, aunque todo el
bufete está involucrado en el caso. “Nadie de estas empresas nos ha
contactado, cuando lo mejor sería que se llegara a un acuerdo y evitar
el pleito”, admite Malave.
En la actualidad, Melià gestiona más de treinta hoteles en
Cuba; Iberostar, unos veinte, y Barceló, otros tres. ¿A qué se enfrentan
en concreto las hoteleras? Podrían verse obligadas a desembolsar un
importe llamado “daño triple”, es decir, tres veces el valor actual de
la propiedad en la cual llevan a cabo sus negocios.
Todavía no se ha
hablado de importe a la espera de un peritaje, pero el dinero puede ser
considerable. Habrá que ver si el juez se limita a valorar sólo el
terreno o incluso los inmuebles que allí se han construido a lo largo de
los años. En algunos casos, los demandantes poseen kilómetros de costa
en la isla de Cuba, con lo que hay ingentes sumas de dinero en juego.
La base jurídica de la contienda es la entrada en vigor del
llamado título III de la ley Helms Burton, una norma que fue aprobada a
mitad de los años noventa, con el objetivo de desincentivar las
inversiones extranjeras en la isla.
Dicho título prevé que los
ciudadanos que tenían la nacionalidad estadounidense cuando se aprobó la
ley pueden exigir en los tribunales de Estados Unidos compensaciones
económicas a aquellas empresas que hicieron negocios sobre los terrenos
de su propiedad en Cuba que perdieron, tras la expropiación de la
revolución cubana, sin cobrar ni un centavo.
Hasta este año, todos los
presidentes suspendieron esta parte de la ley. En mayo, Trump, con el
objetivo de ahogar el régimen cubano, dijo basta después de más de 30
años.
Aunque las propiedades no son de las compañías privadas y
pertenecen al estado cubano, son ellas las que las explotan desde el
punto de vista económico. La única condición para interponer la demanda
es que estas empresas tengan activos en Estados Unidos. Es la manera que
hay de asegurarse de que los demandantes puedan valerse con algo, ya
que el Estado cubano en todo caso no está en condiciones de pagar.
Es
decir, en el caso de que se les reconozcan sus derechos, podrían ejercer
alguna acción sobre las propiedades que tienen, por ejemplo, las
hoteleras españolas en suelo norteamericano. También se exige a los
demandantes un pago de 6.500 dólares antes de iniciar el pleito, para
evitar colapsos en los juzgados.
Según estimaciones oficiales estadounidenses, podría haber
más de 6.000 personas con derecho a reclamar indemnizaciones a Cuba,
estimadas en 8.500 millones de dólares. “Es un juicio largo y que no
tiene antecedentes”, admite Malave. La citada ley dice que los
demandantes pueden cobrar a las empresas por el uso, con lo que no sólo
se trata de recuperar las ganancias indebidas de las últimas décadas,
sino que hay que discutir de las futuras, si las empresas quieren seguir
operando.
Varias familias de origen cubano, como los Mata, Cuevas
Angulo y los Sánchez Hill han empezado a moverse, pero las previsiones
del bufete es que vayan aumentando en las próximas semanas. “Animamos a
todos que se decidan, porque ahora hay una ventana abierta”. En el caso
de que la ley Helms Burton sea revocada por el próximo presidente, las
demandas que hasta entonces se hayan presentado, seguirán adelante.
Pero el culebrón que viven las firmas españolas no acaba
aquí. Nick Gutiérrez, abogado y consultor y un veterano sobre estos
temas, llega a su cita con La Vanguardia en el bar Carajo, un
establecimiento en una gasolinera donde, como su nombre indica, sólo se
habla español. Explica que estuvo entretenido con el Departamento de
Estado, que está estudiando usar otro as en la manga: el título IV de la
Helms Burton.
Este apartado –en vigor pero nunca aplicado–, del que ahora
se ha hablado muy poco, prevé que Estados Unidos tenga la posibilidad
de revocar los visados a los trabajadores extranjeros residentes en
Estados Unidos de estas compañías que se están enriqueciendo en Cuba.
Esto significa, por ejemplo, que un directivo español de una de estas
cadenas hoteleras en Miami podría, a título de represalia, verse
obligado a abandonar el país. De hecho, fuentes bien informadas ya
comentan que en estas empresas son conscientes del peligro y ya se está
hablando de la posibilidad de trasladar sus trabajadores de Estados
Unidos a México.
Para complicar aún más las cosas, Melià debe defenderse
también en España, porque una vez que entró en vigor la ley Helms Burton
en su totalidad, presentó en junio una denuncia según el código civil
español por enriquecimiento ilícito en un juzgado de Palma de Mallorca y
los demandantes, una familia de origen cubano, piden daños de hasta 10
millones de euros, lo que corresponde a los beneficios obtenidos en
varios hoteles en territorio cubano a lo largo de estos años. Está por
ver si esta demanda seguirá en pie o se tratará de agrupar todo en los
juzgados de Estados Unidos.
Por su parte, las empresas españolas mantienen
silencio. Se limitan, como Melià, a recordar que ellos no han usurpado
ninguna propiedad y que sólo gestionan el negocio. “Puede desencadenarse
una ola de demandas ahora, tal vez centenares”, acusa Gutiérrez. “Mis
clientes no son especuladores. Lo hacen porque es justo. Sus padres
vinieron aquí en Estados Unidos con la ropa puesta. Es gente que lo
perdió todo y quiere que se les compense por el sufrimiento de una
vida”, concluye Malave.
Aunque no fuesen el objetivo inicial del título III
de la Helms Burton, empresas estadounidenses, como el gigante de los
cruceros Carnival y los motores de búsqueda turística Trivago, Expedia y
Booking, corren el riesgo de ser procesadas.
El argumento es que
Carnival usó el puerto de Santiago sin tener los derechos –formalmente
pertenecían a una antigua familia cubana–, mientras que los motores de
búsqueda han ganado comisiones y honorarios al promocionar activos
confiscados como, por ejemplo, hoteles. “Me decían que era una pérdida
de tiempo y de dinero, pero aquí estamos”, declaró Javier García
Bengoechea, ciudadano estadounidense, heredero de una familia cubana,
que ha denunciado a Carnival.
La Helms Burton ha abierto la veda y varias
nacionalidades están involucradas: hay demandas contra la mexicana
Posada, la francesa Accor y el banco Société Generale. Europa está
molesta y aún no sabe ni cómo ni cuándo recurrir al llamado “estatuto de
bloqueo”, previsto en la Helms Burton, que anula el efecto en la UE de
las resoluciones previstas en la ley.
La petrolera estadounidense
Exxon
ha demandado al Gobierno de Cuba al sostener que las dos compañías
cubanas que operan en la isla le expropiaron las refinerías, cuando se
llamaba
Standard Oil.
