LA HABANA.- El Partido Comunista de Cuba (PCC) se apresta a realizar su VII
Congreso, del que se espera emane una mayor apertura y nuevos cambios,
aunque la escasa transparencia en torno a su agenda generó ya
inquietudes y quejas en sectores de la ciudadanía por la falta de
participación en sus preparativos.
La crucial reunión está previsto que se realice entre el 16 y
el 19 de abril y deberá analizar y aprobar varios documentos
considerados de importancia estratégica para el futuro del país.
Pero a diferencia de congresos precedentes, esos documentos no
fueron divulgados ni sometidos a debates populares. Esa carencia
provocó inclusive sugerencias de que la reunión sea pospuesta para dar
lugar a la discusión de toda la ciudadanía.
“Es contradictorio con el proceso de marcados cambios que vive
la nación que el único partido que gobierna el país no haya propiciado
un ejercicio democrático de participación de la población cubana”,
comentó a IPS el ingeniero Luis Pedroso, de 48 años.
“El tiempo de la generación histórica para mediar en el
inevitable proceso de cambio económico y político, se va acortando”,
abundó.
Los congresos del PCC, en un país regido por un partido único,
trazan la estrategia de la conducción política y desarrollo económico
del país para el quinquenio siguiente.
En su séptima edición, el cónclave debe decidir sobre la
conceptualización del Modelo Económico – Social Cubano de Desarrollo
Socialista, un tema en que la inclusión y la consulta son esenciales,
consideró a IPS una concejala de la ciudad de Cárdenas, Rita García.
“Del diálogo y la reconciliación dependerá el desarrollo
futuro, pues se necesitarán todas las manos, todos los puntos de vistas,
todas las miradas”, indicó García, también directora del no
gubernamental y ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba
(CCRD-C), con sede en esa ciudad, a 150 kilómetros al este de la
capital.
En su opinión, no se puede obviar la “enorme diferencia” que existe entre el escenario del VI Congreso (2011) y del actual.
“La historia dio pasos gigantes entre un momento y otro”, dijo,
en referencia tácita al restablecimiento de relaciones diplomáticas
entre La Habana y Washington, en un deshielo consagrado por la histórica
visita a este país del presidente estadounidense, Barack Obama, entre
el 20 y el 22 de marzo.
Igualmente, los mil delegados a la cita deben dar su visto bueno al Programa de Desarrollo Económico – Social hasta el 2030.
Este plan está dirigido a resolver los problemas estructurales
de la economía, a partir de políticas de gobierno con enfoques
integrales y sostenibles, que respondan a una visión estratégica y
consensuada de mediano y largo plazos, según detallan medios oficiales.
También está prevista la evaluación de los resultados de los
Lineamientos (reformas) de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución, cuyo proyecto aprobado por el sexto Congreso y
ratificado algunos meses después por la Asamblea Nacional del Poder
Popular, fue sometido previamente a debates abiertos que involucraron a
más de ocho millones de personas, en un país de 11,2 millones de
habitantes.
En un artículo publicado el lunes 28 por el diario estatal Granma
y dedicado a encarar las inquietudes de lectores afiliados o no al PCC,
acerca de por qué en esta ocasión no se convocó a discusiones
populares, se aseguró que 21 por ciento de esos lineamientos ya fue
implementado, 77 por ciento está en ese proceso y dos por ciento
restante (cinco lineamientos que no especificó) no se ha ejecutado por
causas diversas.
‘’Por todo ello más que desplegar, a mitad de camino, un nuevo
proceso de debate a escala de toda la sociedad, lo que corresponde es
terminar lo iniciado, continuar la ejecución de la voluntad popular
expresada hace cinco años, y seguir avanzando por el rumbo que trazó el
Sexto Congreso”, planteó el órgano oficial del PCC.
En declaraciones a IPS, Luis Emilio Aybar, especialista del
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, consideró
que la consulta ciudadana sobre el proyecto de reformas llevada a cabo
entre diciembre 2010 y febrero de 2011 tuvo las mismas limitaciones que
ahora porque no existe “la posibilidad de confrontar en un debate libre y
a nivel público diferentes propuestas de país’’.
“Han pasado cinco años y enfrentamos el mismo problema. Ahora
es incluso más grave, porque no vamos a tener la posibilidad de conocer y
discutir los ajustes propuestos a los cambios ya definidos, que por el
hecho de ser ajustes no dejarán de afectar nuestras vidas”, opinó.
A su juicio, “la posibilidad de corregir el rumbo y tomar un
camino diferente, posibilidad igualmente imprescindible en una
democracia socialista, es incluso más remota’.
Menos escéptico, Pedroso alimenta la esperanza de que este congreso pueda traer sorpresas.
Ello, argumentó, porque ‘’se espera que se aborden nuevos
cambios que hagan más inclusiva, especialmente en el sector profesional,
las distintas formas de propiedad que hoy conviven. Igualmente que los
cubanos puedan asociarse y constituir empresas privadas’’.
“Creo que toda la nación tiene los ojos sobre los resultados
del próximo congreso del PCC, no solo en la vida diaria, sino también
en todo el proceso de reconstrucción futura de nuestro país’’, comentó
García, quien como concejala aspira a tener en algún momento la
información del cónclave comunista, cuyas sesiones suelen ser a puerta
cerrada.
“Soy delegada del Poder Popular, y creo firmemente que muchos
de nosotros aunque no militantes del PCC, esperamos que se compartirán
estos documentos. Muchos nos sentimos excluidos, pues se supone seamos
los máximos representantes de la comunidad’’, dijo. “De las políticas
partidistas dependen las políticas gubernamentales”, remató.
Los delegados del Poder Popular están directamente relacionados
con los barrios, cuya población los elige en voto directo y secreto,
para un período de dos años y medio.
Por esa razón, conocen muy bien los problemas sociales y
económicos acumulados en la comunidad a su cargo, pero no siempre
disponen de la autoridad y recursos suficientes para encararlos y darles
solución.
La agenda del VII Congreso incluye la revisión del cumplimiento
de los objetivos de la Conferencia Nacional del PCC, efectuada en enero
de 2012 para tratar asuntos de carácter social y de orden interno de la
organización, definida constitucionalmente como fuerza dirigente
superior de la sociedad y el Estado.
Entre los objetivos que se trazó esa reunión figura el de
limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el
desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. Esta
propuesta requiere cambios constitucionales y debería dar lugar a una
renovación amplia en la nomenclatura del poder que debe concretarse en
2018.
El presidente Raúl Castro, en el poder desde 2008, anunció
durante el VI Congreso que no esperaría reforma de la Carta Magna para
dejar su cargo una vez cumplido, ese año, su segundo mandato.
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