LA HABANA.- Activistas cubanos de derechos humanos señalan que hacer frente a
problemas sociales, como la inequidad y la discriminación sexual y raza,
debe formar parte de la agenda del VII Congreso del Partido Comunista
de Cuba (PCC), informa Ivet González (IPS) desde La Habana.
De la cita del único partido legal en esta isla caribeña, a
celebrarse del 16 al 19 de este mes de abril de 2016, se espera emanen
importantes cambios en la actual reforma económica, un plan nacional de
desarrollo hasta 2030 y la revisión del documento partidista que de
alguna manera encaró inequidades criticadas por la ciudadanía por largo
tiempo.
Los mil delegados al congreso analizarán seis documentos, según
informó el oficial diario Granma, entre ellos el cumplimiento de la
Primera Conferencia Nacional del PCC, que analizó en 2012 asuntos
sociales, el eslabón más débil de las transformaciones en el país, según
especialistas.
“Resulta lícito suponer, pues, que el Congreso del PCC que se avecina
pase a los hechos y adopte medidas concretas que inicien el largo y
tortuoso camino para hacer desaparecer o amenguar rápidamente las
discriminaciones”, dijo a IPS vía correo electrónico el luchador
antirracista Tato Quiñones.
La conferencia acordó “enfrentar los prejuicios y conductas
discriminatorias por color de la piel, género, creencias religiosas,
orientación sexual, origen territorial y otros que son contrarios a la
Constitución y las leyes, atentan contra la unidad nacional y limitan el
ejercicio de los derechos de las personas”, citó Quiñones del documento
conclusivo.
ambién la conferencia de PCC, al que la constitución local otorga el
papel de fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, quedó en
“enfrentar la violencia de género e intrafamiliar”.
Activistas consultados por IPS coincidieron en que falta un largo
camino para mantener y garantizar más derechos a sectores en desventaja
como mujeres, afrodescendientes y personas no heterosexuales.
La psicóloga Sandra Abd’Allah-Álvarez alertó sobre la ausencia de “mecanismos legales eficientes para luchar contra el prejuicio cotidiano”.
A su juicio, “sigue sin saberse qué hacer cuando se es objeto de
discriminación racial”, aunque proyectos como el de asistencia jurídica
de la Alianza Unidad Racial, de la abogada Deyni Abreu, “intentan llenar ese vacío”.
La también bloguera, quien desde 2013 está afincada en Alemania pero
mantiene vínculos con el país, instó a diseñar “acciones afirmativas
para la población negra y mestiza que propicien su integración sobre
todo en la economía”.
Propuso otorgar microcréditos a este segmento además de a mujeres,
jóvenes y personas discapacitadas, para que puedan insertarse en el
creciente sector privado, donde suelen percibirse mejores salarios que
el promedio equivalente a 23 dólares mensuales del trabajo estatal, el
mayor empleador del país.
Cuba tiene 11,2 millones de habitantes, de los cuales 9,3 por ciento
es de piel negra y 26,6 por ciento mestiza, según el último censo, de
2012.
Investigadores como Mayra Espina observan un
“aumento de la pobreza y desigualdad” en el país, acentuada por la
reforma económica, sobre todo en grupos que arrastran desventajas
históricas como las mujeres, personas no blancas, de la tercera edad y
la zona oriental del país, la de menor nivel de desarrollo.
Incluso Espina señala que el índice Gini, que mide la falta de
equidad en los ingresos de la población, aumentó de 0,24 en 1984 a 0,40
en 2013.
Sobre el enfrentamiento a la violencia de género, la socióloga Magela Romero enumeró avances, asuntos pendientes y hasta retrocesos.
Valoró que aumentaron los estudios sobre “el fenómeno y que
visibilizan la urgencia de crear estrategias efectivas para la
prevención y atención” de las víctimas. Y los medios de comunicación y
otros espacios hablan más del asunto gracias a la Campaña por la No
violencia hacia la Mujer que se mantiene desde 2007, indicó.
Calificó de “paso de avance” que se incluyera directamente la violencia machista en la conferencia del PCC.
No obstante, lamentó que sigua sin reactivarse el gubernamental Grupo
Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, la
violencia de género no esté tipificada como un delito en el marco
jurídico o que tampoco exista “un protocolo para la atención integral y
articulada de las víctimas de este flagelo”.
El último aspecto señalado por Romero se refiere a la necesidad de
crear en Cuba proyectos similares a las casas de acogida para las
víctimas, algo también señalado por organismos internacionales a los que
el país rinde informes periódicos, que entre otros aspectos conminan al
país a realizar un estudio nacional al respecto.
Aunque todavía limitada, una investigación conjunta del Ministerio de
Salud Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia mostró
la persistencia del fenómeno, cuando indagó sobre la violencia en 9.958
hogares, entre otros aspectos de la situación de la niñez, la
adolescencia y las mujeres.
La “Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Cuba 2014”
reveló que 27 por ciento de las mujeres y 36 por ciento de los hombres
entrevistados conocen a alguna mujer que ha sido golpeada por su pareja.
El sondeo preguntó a 8.995 mujeres y 3.636 hombres en edades entre los 15 y 49 años, de las tres regiones del país.
“Sabemos que hay muchas normas jurídicas por darle atención”, indicó
la pastora Elaine Saralegui, promotora de la primera iglesia de la
confesión evangélica en Cuba que incluye, visibiliza y se orienta
plenamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales (LGBTI).
“Pero mientras se prioricen los temas económicos por encima de los
que favorecen a grupos vulnerados, se estará retrasando un proceso muy
pertinente en materia de conquistas de derechos, que también se
relaciona con lo económico”, valoró la religiosa, residente en Matanzas,
a 87 kilómetros al este de La Habana.
Varios especialistas y activistas como Saralegui apuestan a que las
autoridades atiendan más los asuntos sociales a la par de los urgentes
cambios económicos, que desde 2008 se emprendieron para paliar la
profunda depresión de más de 20 años
En el caso del respeto a la diversidad sexual, evaluó que “ha
existido una dilación en cuanto a llevar a término la aprobación de
leyes que amparen los derechos vulnerados”.
Por su parte, el bloguero y activista Maikel G. Vivero,
lamentó que “el Código de Trabajo, la única ley cubana que proscribe
explícitamente la discriminación por orientación sexual, haya eludido
mencionar la transfobia”.
Para este residente en el municipio de Sagua la Grande, a 189
kilómetros al este capitalino, el tema se conoce más gracias a la
Campaña Nacional contra la Homofobia y la Transfobia del estatal Centro
Nacional de Educación Sexual.
Pero a su juicio, “se requieren más escenarios de activismo, libertad de asociación y parlamentarios abiertamente LGBTI”.
Subrayó que las demandas de esta comunidad “han aumentado” porque
ahora espera el matrimonio igualitario, fertilización asistida para las
lesbianas, adopción por parte de parejas del mismo sexo y más leyes
antidiscriminación.
