MADRID.- El ministro español de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha
señalado que los acuerdos con Cuba sobre la deuda a medio y
largo plazo permitirán reducir el déficit público este año en 74,57
millones de euros.
En su comparecencia en comisión en
el Congreso, De Guindos ha indicado que estos acuerdos suponen un
"hito" en las relaciones con Cuba. A su juicio, establecen unas
condiciones de pago asumibles para Cuba, "que podrá hacer frente a su
deuda, impulsando, al mismo tiempo, su desarrollo".
Asimismo, ha destacado que en ese desarrollo, gracias al diseño de los
acuerdos firmados, se abren "enormes" posibilidades para el trabajo
conjunto de ambos países.
El ministro en funciones ha
señalado que la intención del Gobierno con el acuerdo es normalizar las
relaciones económicas y financieras con Cuba, y fomentar la apertura y
el desarrollo económico del país.
De Guindos ha detallado las diferentes reuniones que
desde junio de 2015 representantes del Ministerio de Economía, así como
del Gobierno cubano han mantenido, así como los acuerdos
correspondientes.
A este respecto, ha señalado que en
noviembre de 2015 se firmó un acuerdo de renegociación de la deuda a
corto plazo, que ascendía a 201,5 millones de euros.
Además, ha reseñado que, tras décadas de impago sistemático, el pasado
marzo, Cuba efectuó el primer pago a España, "un hito relevante que
refleja su compromiso para asumir sus obligaciones".
De Guindos ha afirmado que este acuerdo tuvo un impacto "pequeño, pero
positivo" en la reducción de casi 3 millones de euros del déficit
público de 2015.
También ha incidido, en lo que se
refiere a la deuda a medio y largo plazo, en el papel determinante de
España para que se pueda llegar a una solución multilateral, que culminó
en diciembre de 2015 con la firma de un acta en la que se incluyen las
condiciones financieras que cada deudor aplicará a la reestructuración y
condonación de la deuda.
El ministro ha asegurado
que una de las condiciones recoge el reembolso de principal e intereses
contractuales, que en el caso de España asciende a 750 millones en un
plazo de 18 años.
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