MIAMI.- Más de una década después del Proyecto Varela, va cobrando fuerza dentro
de la oposición la idea de un plebiscito y una reforma constitucional
como vías para ganar mayor espacio dentro de Cuba, en momentos en que el
gobernante Partido Comunista se apresta a celebrar su primer congreso
desde la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se escribe en 'El Nuevo Herald'.
Opositores cubanos entregaron el miércoles una carta
al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, solicitando
formalmente la realización de un plebiscito sobre cambios en Cuba,
avalado por 10.000 nuevas firmas que revitalizan el Proyecto Varela y que fueron entregadas al parlamento cubano en la misma semana que el presidente Barack Obama estuvo en Cuba.
Impulsado originalmente por el fallecido Oswaldo Payá, la iniciativa
intentaba usar un artículo de la Constitución de 1976 que permitía
presentar peticiones ante la Asamblea Nacional para promover cambios
legales y políticos en la isla, previa consulta popular. La respuesta de
Fidel Castro en el 2002 fue una reforma constitucional para hacer
“irrevocable” el socialismo en Cuba e impedir similares esfuerzos en el
futuro.
Pero la hija del prominente disidente
cubano, Rosa María Payá, quien participó en la entrega de las firmas el
mes pasado y que promueve un referendo popular en Cuba a través de la
plataforma Cubadecide, cree pese a todo, que un ejercicio de consulta
popular sigue siendo factible.
Aunque “el sistema está cerrado de forma tal que establece la
irrevocabilidad del socialismo”, esto implica una contradicción no solo
con documentos internacionales suscritos por el propio gobierno cubano,
sino con “la constitución que establece que la soberanía está en el
pueblo”, explica.
“Para revertir eso, hay que apelar entonces a
leyes internacionales y al sentido común: hay que preguntarle al pueblo
en plebiscito sobre los cambios que quiere. No está regulado, pero no
está prohibido, así que es posible hacerlo”, agrega.
PROPUESTA DE REFORMA
Payá
no está sola en la búsqueda de cambios que puedan abrir espacios a los
opositores cubanos en un momento de transición. Varios grupos opositores
reunidos en el proyecto “Otro 18”
abogan por “nuevas leyes electoral, de asociaciones y de partidos
políticos”; apoyan “la demanda de un sistema electoral democrático
presentada por la iniciativa Urna Transparente del Foro Anti totalitario
Unido y la realización de un plebiscito, proposición de la plataforma
Cuba Decide”, según indican en un comunicado.
Manuel Cuesta Morúa,
uno de los gestores del proyecto señala que se trata de una “plataforma
horizontal” en la que participan varias organizaciones y que recoge el
esfuerzo de varios años “para fortalecer la visión de que la mejor
manera de llegar a una democracia en Cuba, es a través de otras reglas
del juego”. También se están considerando propuestas más controversiales
como la posibilidad de presentar candidatos independientes a las
elecciones del Poder Popular, explicó.
Cuesta Morúa, quien estuvo en la reunión de miembros de la sociedad
civil cubana con el presidente Obama en La Habana, cree que este es un
contexto más favorable que el enfrentado por Oswaldo Payá con el
Proyecto Varela. “En aquel momento, no había consenso para impulsar
cambios a través de una vía constitucional” que eventualmente
desemboquen en una nueva Asamblea Constituyente, opina.
A ello se
añade que los llamados a una reforma constitucional no son exclusivos de
la oposición lo que, de hecho, la conectan con un sector más moderado
de académicos y activistas que pide cambios similares, si bien
inicialmente dentro de un discurso acerca de la necesidad jurídica de
modernizar y adecuar la carta magna a los cambios económicos impulsados
por Raúl Castro.
Pero con la ampliación de este debate, que Cuesta
Morúa cataloga de “más intelectual”, las demandas se han ido haciendo
más ambiciosas para incluir también una reforma del sistema jurídico y
político.
El abogado y profesor de la Universidad de La Habana, Julio Antonio Fernández Estrada, defendió durante el último congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
(LASA) la necesidad de cambios constitucionales que consideren “como
principios el Estado de Derecho, el pluralismo político”, el
reconocimiento de la sociedad civil y “un régimen de garantías
jurídicas, políticas y materiales de los derechos humanos”.
Para
Roberto Veiga, director del proyecto cívico Cuba Posible y único cubano
miembro de Diálogo Interamericano, un peligro en la coyuntura actual es
que la reforma “completa” de la Constitución no sea el resultado de un
consenso sino del triunfo de un proyecto de “hegemonía excluyente”.
Desde Cuba Posible y anteriormente como uno de los editores de la revista Espacio Laical,
Veiga ha impulsado el debate sobre la reconciliación entre los cubanos y
los cambios que necesita el país. En un reciente artículo junto a
Lenier González, subdirector de Cuba Posible, pidió que la discusión
sobre los cambios y la transición en Cuba se acerque más al “ágora” que
al “escenario de batalla”.
Sin embargo, el debate entre entre
grupos de expertos e intelectuales y quienes desde la oposición también
impulsan cambios jurídicos y políticos aun no ha ocurrido y quizá
todavía sea prematuro sostenerlo “debido a los prejuicios inoculados por
el régimen contra la oposición, pero en la medida que estos sectores
vean que la ciudadanía apoya nuestras propuestas, se abrirá el
intercambio”, asegura Cuesta Morúa.
El opositor al frente de la
organización Arco Progresista cree que, por primera vez, “los actores
más dinámicos de la sociedad caminan hacia una misma dirección, incluso
el Partido Comunista de Cuba (PCC) que ha indicado que está considerando
una nueva ley electoral, aunque considera que “ahora mismo sería
bastante prematuro para que el PCC se abra a un debate de esta
naturaleza”.
MILITANTES CRITICAN “SECRETISMO”
Este
debate público tiene como trasfondo el séptimo Congreso del Partido
Comunista, a celebrarse del 16 al 18 de abril, y que ha despertado gran
expectativa por la posibilidad de que se tomen allí determinaciones
importantes para el futuro del país, entre ellas, quizá la decisión de
modificar la Constitución para acomodar las reformas económicas
emprendidas por Castro. Todo es especulación, sin embargo, pues pocos
conocen qué se debatirá realmente en ese encuentro.
Desde las
mismas filas del partido, han surgido voces críticas del “secretismo”
con el que se ha preparado, entre ellas las del periodista y activista
por los derechos de la comunidad LGBT, Francisco Rodríguez Cruz, quien
dirigió una carta abierta a
Raúl Castro en la que manifiesta su insatisfacción por la “falta de
discusión” de los documentos a discutirse en el Congreso, “hasta hoy
secretos”.
Pero si el periódico Granma, órgano oficial
del Comité Central del PCC, está más o menos al tanto de lo que se
discutirá en el Congreso, no deben esperarse grandes cambios en un
encuentro que parece más bien dedicado a realizar un balance de la
economía y los llamados “lineamientos”, según indicó el periódico en un artículo.
A
los debates sobre la posibilidad del pluripartidismo, de candidatos
independientes en las elecciones o incluso de la convivencia de
distintas opiniones dentro del Partido, Granma ha respondido echando mano a la doctrina partidista y publicando frases de Raúl y Fidel Castro, entre
ellas “Los hombres mueren, el Partido es inmortal”, “No podemos
fragmentar a nuestro pueblo” y “Solo el Partido puede ser el digno
heredero de la confianza depositada por el pueblo en el único Comandante
en Jefe de la Revolución Cubana”.
Granma también
respondió a las “inquietudes” de los militantes del Partido asegurando
que los documentos del Congreso habían sido ampliamente analizados por
“decenas de funcionarios, investigadores de las ciencias económicas y
sociales, y profesores” así como por “el Consejo Científico asesor de la
Comisión de Implementación (de los lineamientos)” y el Comité Central.
Para
algunos disidentes como Antonio Rodiles, uno de los coordinadores del
Foro por los Derechos y las Libertades, la salida electoral para la
oposición es, por tanto “una opción extremadamente peligrosa porque
permite al régimen ganar tiempo, un tiempo precioso para ellos, cuando
están haciendo una transferencia del poder dirigida a afianzar a sus
herederos y aliados”.
Rodiles añadió que “cualquier tipo de proceso consultivo” en el que se involucre la oposición “va a estar manipulado”.
En
un artículo publicado en la página digital del Foro, Camilo Olivera
consideró que “no es viable depositar la confianza en que un cambio en
las reglas del juego electoral, propiciado por el sistema, permitirá
lograr transformaciones de fondo en lo constitucional” pues “pretender
que la Asamblea Nacional del Poder Popular, preste atención a propuestas
desde la oposición, sin que estas estén acompañadas de la presión
popular, es un ejercicio político estéril”, añadió.
Sin embargo,
Payá y Cuesta Morúa apuestan por procesos en los que el acompañamiento y
la observación internacional impidan “un fraude y si este ocurre, que
este pueda denunciarse”, explica Payá.
Cuesta Morúa dice “tener una ventana abierta al diálogo” y confía en que
los escépticos se convencerán “de que la vía electoralista puede
funcionar cuando mostremos su eficacia y el éxito”.
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